Rajoy demostró en la noche electoral que sabía encajar la derrota.Ayer, los ministros Acebes y Zaplana facilitaron una exhaustiva relación de la información de la que dispuso el Gobierno desde el estallido de las bombas de Madrid hasta la jornada del domingo.Esa información incluía dos informes desclasificados por el Consejo de Ministros del CNI: uno sobre los autores del atentado y otro sobre el comunicado publicado en un diario árabe que se edita en Londres.

Sus explicaciones y esos documentos corroboran lo que ya hemos mantenido en estas páginas: que el Gobierno cometió errores de valoración pero que jamás pretendió engañar o manipular a la opinión pública.

De suposición a verdad

El principal pecado en que incurrió el Gobierno en las horas siguientes a los atentados fue creer en la apariencia de los hechos e interpretar los datos en función de sus prejuicios.Está claro que los informes policiales que recibió, orales y escritos, y la primera nota del CNI le ayudaron a confundirse.Lo que era simple suposición lógica pasó a convertirse en una verdad irrefutable. El fallo de Acebes en su primera comparecencia fue no realizar tal elemental distinción.

Es cierto que el Gobierno de Ibarretxe y los medios de comunicación habían dado por sentada la autoría de ETA en función de los antecedentes, pero ello no disculpa al ministro del Interior ni al Gobierno que, en un asunto de esta envergadura, sólo deben atenerse a los hechos estrictos.

Zaplana -acrecentado políticamente por su serenidad y fair play en esta crisis- reconoció ayer que es legítimo criticar al Ejecutivo por sus errores de juicio pero defendió con firmeza la honorabilidad de todos sus colegas y la suya propia. La lectura detallada de todos los documentos confirma sus palabras y aclara algunas de las cuestiones sobre las que se planteaban dudas como el lapso de tiempo transcurrido entre la localización de la furgoneta con la grabación de versículos del Corán en Alcalá de Henares y la comparecencia de Acebes para informar de este trascendental hallazgo para la investigación.

Hay dos episodios en los que sí es posible criticar a organismos del Gobierno. El primero es el precipitado comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores en la tarde del jueves, dando por hecho que ETA era responsable de las muertes. Todo indica que la ministra estaba mal informada. Y el segundo es el primer informe del CNI, en el que los servicios secretos afirman que «se considera casi seguro que la organización terrorista ETA es la autora de los atentados». Este informe, realizado en la mañana del mismo día 11, se limita a un análisis general sobre la estrategia de la banda y especula de forma tópica sobre sus intenciones.

Pero lo sustancial es que el Gobierno no ocultó ninguna información relevante a la opinión pública, de suerte que el jueves por la noche -como reflejan las páginas de los periódicos al día siguiente- existía una duda razonable sobre la autoría de la masacre. Horas después de la detención de cinco personas, el sábado por la tarde Angel Acebes comparecía ante los medios para informar que los indicios de la investigación apuntaban a grupos terroristas islámicos.Por tanto, los españoles pudieron votar con la información correcta en la jornada del domingo.

La desclasificación

No faltará quien reproche al Ejecutivo la decisión de desclasificar esos dos documentos del CNI, alegando, entre otros motivos, que sacan a la luz la poca inteligencia de los servicios de inteligencia, valga el juego de palabras. Y no faltará quien recuerde que una de las primeras decisiones del Gobierno de Aznar en 1996 fue la no desclasificación de los llamados papeles del Cesid, con el propósito de proteger los abusos del PSOE en la guerra sucia contra ETA.

La doctrina que se estableció entonces por el dúo Narcís Serra/Eduardo Serra se basaba en que los intereses de la Seguridad Nacional debían prevalecer sobre el derecho a la información e incluso sobre el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos en una investigación judicial. Pero el Tribunal Supremo falló a favor de la desclasificación de esos documentos y su entrega a la Justicia.

El Gobierno de Aznar ha tomado ahora una decisión contraria a la de hace ocho años y creemos que ha actuado bien porque el pilar en que se basa la seguridad colectiva es la confianza entre gobernantes y gobernados. Teniendo en cuenta que se ha cuestionado la actuación del Ejecutivo en esta crisis, era necesario despejar las dudas para que quedase muy claro que el presidente y los ministros se han podido equivocar pero que jamás han engañado a los ciudadanos.

Lo verdaderamente dañino para nuestra democracia es que el Gobierno hubiera mentido o manipulado a la opinión pública con fines electorales.Pero la explicación de ayer -humanamente valiente y políticamente acertada- demuestra lo contrario. Debería ser suficiente para poner fin a este triste capítulo por el que el Gobierno ha pagado el precio de la derrota en las urnas.