Hasta el fondo

Actualizado lunes 29/10/2007 03:40 (CET)

Aznar ha hecho saber, a través de Rajoy, que está dispuesto a comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11-M. Nadie entendería que su propio partido o el PSOE impidieran una comparecencia que resulta imprescindible para indagar los fallos de prevención que pudo haber por parte de los servicios de inteligencia o las fuerzas de seguridad.

En última instancia, es el presidente el que establece, junto con su Gobierno, la estrategia general de la política de seguridad y sus prioridades. Nadie como el propio Aznar puede, por otra parte, esclarecer en sus propios términos las razones que le condujeron a mantener la autoría de ETA más allá de toda prudencia y por encima de los indicios que desde el propio día 11 de marzo ya apuntaban hacia el terrorismo de raíz islamista.

Además de prestar a las víctimas la ayuda que precisen, los poderes públicos están especialmente obligados a esclarecer la verdad ante el conjunto de la ciudadanía. La mañana del 11 de marzo los españoles vivieron el espanto del atentado terrorista más grave de su historia sin que nadie les hubiera advertido de riesgos específicos procedentes del terrorismo de la órbita de Al Qaeda ni tuvieran noticia de que las fuerzas de seguridad hubieran adoptado medidas especiales para combatirlo. No se trata de abrir ninguna causa general, sino de conocer los fallos habidos para adoptar las resoluciones necesarias que impidan o al menos dificulten en el futuro la eventual repetición de los hechos.

Para superar un trauma civil de dimensiones tan colosales como fue el asesinato de 190 personas no hay receta alternativa a la de la verdad. La comisión del 11-M tiene ante sí dos objetivos de orden moral y preventivo que deben arrumbar las conveniencias más circunstanciales de unos y otros. Es evidente que el PP quiere salir limpio de un asunto en el que ha jugado la peor parte, la del máximo responsable de la seguridad ciudadana en el momento más trágico de nuestra historia reciente.

También el PSOE quiere evitar que se arrojen sombras de duda sobre su victoria del 14-M. Y ambos, como partidos de Gobierno, tienen la obligación de proteger a la policía y a los servicios secretos de un escrutinio excesivo que pueda poner en peligro su propia función.

El PSOE no tiene mucho que ganar como partido y el PP tiene bastante que perder. Es lógico que espontáneamente no manifiesten un enorme interés en la comisión y que prefieran acotarla en cuanto a duración, análisis de documentos y comparecientes. El excelente ejemplo de la comisión norteamericana sobre el 11-S debiera servir para que abandonen unas pretensiones de limitación perjudiciales para la propia credibilidad del sistema.

Lo peor que podría ocurrir es que unos ciudadanos que se sienten particularmente vulnerables desde el 11-M pudieran considerarse, además, estafados por el Parlamento, que quedaría seriamente dañado a los efectos de cualquier investigación futura.

El gesto de Aznar permite abrir el juego. Intentará establecer que hizo cuanto estuvo en su mano, aunque cabe sospechar que otros se están encargando ya de lanzar la cortina de humo de una confusa conspiración, llena de insinuaciones y conjeturas, en un cóctel de servicios secretos vecinos, ex mandos policiales, y por supuesto etarras, con el objetivo de que de la comisión no salga la luz, sino una sospecha más universal y difusa. El trabajo de los comisionados consiste precisamente en separar las voces de los ecos.

Claro que no es deseable una comisión espectáculo, ni un juicio paralelo, ni un navajeo entre partidos, ni un ajuste de cuentas del actual Gobierno respecto al anterior. Es bueno que se rompa la cadena que hace de cada Gobierno un inquisidor de sus predecesores, pero la Comisión debe llegar hasta el fondo del atentado terrorista más grave habido en España. E intentar esclarecer la verdad y adoptar las resoluciones que nos hagan menos vulnerables en el futuro.