Ya teníamos suficientes datos sobre cómo toda la trama del 11-M se urdió ante las mismsa narices de las Fuerzas de Seguridad.Sabíamos que la UCO controlaba a Zouhier, quien avisó de que Toro y Trashorras traficaban con explosivos, y de que un guardia civil le había vendido armas a un marroquí, socio de El Chino.También sabíamos que la policía de Oviedo había alertado a la de Avilés de los negocios de Trashorras. Sabíamos que la policía de Madrid realizó seguimientos a El Tunecino hasta poco tiempo antes del 11-M. Sabíamos que tanto la policía como el CNI habían seguido las actividades de El Egipcio en España. Y sabíamos que la UDYCO había intervenido los teléfonos de miembros del comando de Leganés antes del 11-M, y al día siguiente también el de Zouhier, en un sumario de tráfico de drogas.
Pues bien, ahora también sabemos que en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Garzón, existía un sumario -prolongación del abierto tras el atentado de Casablanca de mayo de 2003 y vinculado al sumario original del 11-S- en el que aparecen reiteradamente mencionados algunos de los protagonistas más significativos del 11-M: El Egipcio, El Tunecino y Jamal Zougam. En el marco de dicho sumario, y al menos un mes antes de la masacre, fueron intervenidos los teléfonos de El Tunecino y Zougam. ¿Seguían estándolo en vísperas del atentado y en los días inmediatamente posteriores? Más importante aún, ¿cómo es posible que ni la Policía Judicial ni el juez obtuvieran de dichas escuchas ninguna información relevante que permitiera desbaratar la operación?
Ante esta pregunta, sólo caben las siguientes respuestas.Primero, que se pincharan móviles equivocados. Segundo, que los sospechosos no se comunicaran nunca por teléfono en esos días.Tercero, que hablaran en árabe y sus conversaciones no fueran traducidas. Cuarto, que fueran traducidas pero resultaran irrelevantes.Y quinto, que sí tuvieran interés pero, por falta de tiempo o por alguna otra razón, el juez no las examinara.
En todo caso, parece cada vez más claro que el 11-M podría haberse evitado y que si no se evitó fue por un cúmulo de negligencias, en primer lugar, de las Fuerzas de Seguridad y eventualmente también del Poder Judicial. En este sentido, cabe recordar que la policía halló en enero de 2002, en casa del marroquí Najib Chaib, un diagrama para fabricar bombas similares a las de Atocha, y que dicho croquis fue incluido dentro del sumario de Al Qaeda que instruye Garzón, sin que éste, aparentemente, llegara a percatarse de su trascendencia.
Cuando acudió a la Comisión del 11-M, Garzón aseguró que desde el principio tenía «el convencimiento» de que la matanza era obra del terrorismo islamista. Su sensación -explicó- eran fruto «de las investigaciones que he llevado y que sin duda tienen relación con ese hecho y con otros hechos, con personas que están imputadas en este atentado, con otras que no lo están, pero que están relacionadas con las mismas redes».
Limitado por el secreto del sumario, el juez parecía referirse así indirectamente a los datos que hoy revelamos. Pero ¿detectó algo que pudiera sugerir lo que estaban tramando El Tunecino y sus amigos? ¿Puso las grabaciones a disposición de la unidad policial especializada en terrorismo islámico? ¿Ha remitido a su colega Del Olmo los resultados de sus pesquisas, y concretamente de las intervenciones telefónicas? Estos y otros interrogantes hacen conveniente que Garzón vuelva a comparecer ante la Comisión o al menos dé explicaciones a la opinión pública.
