Los ex dirigentes de ETA Olarra y Múgica, condenados a 1.253 años de cárcel por el atentado de Vallecas de 1995
El juez Juan del Olmo puede sentirse profesionalmente satisfecho, y hasta humanamente reconfortado, dado el acoso descalificador a que ha estado sometido durante dos años, por el espaldarazo que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de dar a su labor instructora sobre el 11-M.
Este tribunal, formado por tres magistrados, ha confirmado íntegramente los procesamientos de los presuntos autores materiales, intelectuales y cómplices de los atentados -islamistas radicales inspirados en Al Qaeda y miembros de la trama asturiana que les proporcionaron los explosivos-, gracias a la solidez y abundancia de los indicios probatorios que la investigación judicial ha conseguido acumular contra ellos.
Es cierto que el tribunal ha señalado algunos defectos en la confección del auto de procesamiento dictado el 12 de abril de 2006, como la falta de concreción a veces en la imputación delictiva, unida en otras a la redundante e innecesaria acumulación de datos que figuran en el sumario.
Pero esos defectos, corregidos por el propio magistrado en el auto de reforma de 5 de julio siguiente, en nada empañan la consistencia y minuciosidad de la instrucción. El tribunal encuentra, en todo caso, atenuantes, como la complejidad de la causa y el gran número de partícipes, así como la barbarie del atentado con su gran número de muertos y heridos. A lo que habría que añadir la campaña lanzada entonces contra la capacidad profesional de Del Olmo, acrecentada tras el error que propició la excarcelación de uno de los procesados. Desde tribunas mediáticas se le tildó despreciativamente de pequeño juez al que le venía grande el sumario del 11-M. Y dirigentes del PP llegaron a abogar muy irresponsablemente por la nulidad de la instrucción.
El espaldarazo a la instrucción y la confirmación del procesamiento de los implicados en el 11-M no prejuzga lo que en su día se decida en el juicio. Pero en este momento procesal no se puede ir más allá de la existencia de indicios probatorios, y éstos -sólidos y copiosos- apuntan a los 29 procesados como autores en diverso grado de la matanza, así como a la utilización de Goma 2 Eco, aportada por Suárez Trashorras y sus amigos tras robarla en la mina Conchita. ¿Qué más tiene que suceder para que los instructores del sumario paralelo dejen de hacer el ridículo? ¿A qué esperan los dirigentes del PP, y especialmente su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, para dejar de dar cobijo a teorías conspirativas sin sentido y apostar por la labor de la justicia en el Estado de derecho?
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