La iniciativa de la juez natural de este caso disipa definitivamente la cortina de humo del incompetente Garzón y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que quisieron dar la vuelta al asunto inculpando a los peritos y eximiendo de responsabilidad a sus jefes. Por decirlo de otra manera, este caso vuelve al principio, tal y como debería haber comenzado sin la interferencia de Garzón. La juez va a interrogar a Ramírez y sus jefes para intentar esclarecer si cometieron un delito de falsedad. Hay que recordar que la magistrada ya tomó declaración a los peritos como testigos y consideró que no había indicio de delito alguno en su comportamiento.

Los tres peritos han pedido a la juez de instrucción que levante las imputaciones realizadas por Garzón antes de inhibirse, a lo cual accederá muy probablemente. Mucho más oscuro resulta el horizonte penal de Ramírez y sus superiores, que tendrán que explicar por qué entregaron al juez Del Olmo un informe repleto de falsedades. Ramírez fue el único firmante del documento que sustituyó al realizado por los peritos y que llevaba la misma referencia.

Parece evidente que la intención de los mandos policiales era ocultar el primer informe, sustituyéndolo por otro falso, ya que Ramírez se atribuía en ese segundo informe la recepción de unas muestras de ácido bórico que no pasaron por él y un análisis que jamás efectuó. Ramírez buscó otro técnico que firmara el documento pero no lo encontró. Por eso, firmó en solitario el informe falso. Pero además la alteración fue chapucera porque se cambió el sobre que contenía el primer informe, se hizo desaparecer una nota informativa de los peritos sobre su trabajo, se alteró el libro de custodia y ni siquiera coincidían las firmas y el número de páginas.

Levantado parcialmente el secreto del sumario, EL MUNDO publica hoy las declaraciones de los peritos que fueron manipuladas por el periódico gubernamental que las divulgó tras ser filtradas por Garzón o la Fiscalía, que eran los únicos que tenían acceso a ellas.

Sus testimonios demuestran que los peritos Escribano y Manrique facilitaron a Garzón datos suficientes para actuar contra los mandos policiales, ya que ambos coincidieron en que Ramírez les dijo que los jefes de la Policía Científica -entre ellos, el comisario Santano- habían ordenado suprimir cualquier rastro de ETA en sus informes.

Ello demuestra la tesis que siempre hemos sostenido: que lo relevante no es el uso del ácido bórico, ni tampoco si su tenencia servía para establecer una conexión más o menos sustancial entre ETA y los islamistas. Lo relevante es la voluntad del Ministerio de Interior de excluir de la investigación del 11-M cualquier vínculo con la banda por débil e indiciario que fuera. Esto sí ha quedado en evidencia y pone de manifiesto el ánimo de engañar de los autores de la falsedad.