Los ex dirigentes de ETA Olarra y Múgica, condenados a 1.253 años de cárcel por el atentado de Vallecas de 1995
El juicio sobre el 11-M, cuya primera sesión estuvo dedicada ayer al interrogatorio del primer acusado Rabei Osman, El Egipcio, uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre, ha comenzado envuelto en los ecos de la polémica sobre la composición química de los explosivos que estallaron en los trenes. Los datos sobre esa composición no cuestionan lo establecido en la instrucción sumarial de que fue Goma 2 Eco, procedente de la mina asturiana Conchita, lo que estalló en los trenes y en los otros escenarios de actuación terrorista, pero la polémica amenaza una vez más con dejar fuera del principal foco del proceso a las 191 víctimas mortales y a las 1.824 que resultaron heridas de diversa gravedad en aquel terrible atentado.
Los efectos políticos atribuidos al 11-M (la pérdida del poder por parte del PP) han envenenado las relaciones entre los principales partidos, y su bronca permanente se ha proyectado de manera perversa sobre la investigación policial y la instrucción judicial, absurdamente cuestionada sobre la base de hechos y datos circunstanciales, objetivamente irrelevantes. Lo más lamentable es que esa división se haya trasladado a la consideración de las víctimas mismas, objeto en ocasiones de actitudes de menosprecio del todo incomprensibles.
Este clima y esta actitud tendrían que desaparecer durante el juicio y quedar a las puertas del tribunal. Sin embargo, hay indicios de que no va a ser así. Resulta procesalmente anómalo y moralmente escandaloso que dos de las acusaciones que ejercen la acción popular en representación de las víctimas -no la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo- compartan estrategia con las defensas para debilitar los indicios de prueba acumulados por la instrucción contra quienes se sientan en el banquillo de los acusados.
Algo chocante en cualquier juicio, y mucho más en uno sobre terrorismo. Estas acusaciones parece que buscan dar verosimilitud a las teorías conspiratorias empeñadas en buscar unos supuestos "autores intelectuales" (o verdaderos culpables) diferentes de los que figuran en los casi 100.000 folios de la instrucción. Con el efecto de exculpar o al menos de difuminar la responsabilidad de aquellos a los que la justicia ha identificado, con el aporte de innumerables pruebas.
El proceso tiene como principal cometido hacer justicia, en especial a las víctimas, cuyo recuerdo y dolor de sus próximos merecen todo el respeto por parte de la sociedad y no debates abstrusos sobre minucias convertidas en categorías por especialistas en crear confusión, aprovechando la credulidad de un público sediento de emociones.
En la sesión de ayer, El Egipcio, que en una conversación privada grabada por la policía italiana se atribuía el diseño de la matanza, se negó a responder a la acusación, pero sí lo hizo a su defensor para declararse inocente e incluso condenar de boquilla los atentados de Madrid, Londres y Nueva York. Es prematuro sacar conclusiones de esas palabras pues lo que ha de condenarle o absolverle son sobre todo los indicios de pruebas acumulados contra él en la instrucción sumarial y que el tribunal debe valorar.
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