El presidente de la comisión del 11-M,
Paulino Rivero, considera que el clima político entre los dos grandes
partidos "no ha sido, ni es, ni va a ser positivo", pero pide a PSOE y
PP que, en vez de atender a "los intereses partidistas de sus grupos de
fans", busquen acuerdos en aquello que importa más a la ciudadanía, que es cómo evitar que se repita una tragedia semejante.
En una entrevista con Europa Press, indicó que un buen homenaje a las víctimas sería aprovechar el primer aniversario para adelantar unas propuestas de resolución con medidas orientadas a mejorar la atención a los afectados y los mecanismos de seguridad del Estado.
Sin embargo, cree que ese objetivo depende de los grupos parlamentarios
y adelantó que sólo podrá conseguirse si hay unanimidad. "Si no hay
consenso, sería impensable lanzar propuestas, pero en estos dos
aspectos es factible el entendimiento".
En su opinión, la colaboración de la autoridad judicial, el instructor Juan del Olmo, con la comisión de investigación ha sido "positiva"
y, en relación con el Gobierno, cree que "las cosas han ido funcionando
razonablemente bien". "Se equivoca quien piense que falta algún
documento esencial -señaló-. Hay suficiente información documental, más
las comparecencias, como para aportar una idea general sobre lo
ocurrido".
A su juicio, hay "muchísima documentación" de estos meses de
comisión y para hacer "un trabajo serio", era necesario establecer
plazos largos. Por ello la comisión acordó poner el 28 de febrero como tope para las conclusiones de los grupos, sobre las que habrá que ir construyendo luego el consenso.
Ahora bien, entiende que para diseñar las conclusiones finales se dispone de tiempo hasta el final del periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio. Para entonces, deberían debatirse en el Pleno del Congreso.
Según sus cálculos, puede haber acuerdos en cuanto a las propuestas de
futuro pero cree que "las diferencias parecen irreconciliables" en lo
que afecta a lo ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo, ya que "la posición política está muy fijada y las aproximaciones serán difíciles".
Su balance de la comisión
Haciendo balance de la comisión, se lamenta de que el clima entre PP y
PSOE "no ha sido ni es positivo". Ello se debe, a su juicio, a que se
ocupa de un atentado seguido, 72 horas después, de unas elecciones que cambian el signo del Gobierno de España,
lo que provoca un gran debate entre los dos grandes partidos. "El clima
de confrontación que se creó entre las dos grandes fuerzas no se ha
recuperado, sino que más bien se ha prolongado en el tiempo. Llevamos
un inicio de legislatura mucho más crispado de lo normal".
Pero tampoco cree que ese clima vaya a mejorar, dado el
calendario político que se avecina. "La pregunta es si va a haber algún
momento mejor en las relaciones entre los dos grandes partidos. Y no
parece que las cosas apunten mejor, ni es previsible una etapa de
tranquilidad".
De todas formas, piensa que "lo que se preguntan los ciudadanos
es qué hacer para intentar que no se repita" una tragedia como la del
11-M y que "cada vez hay menos personas preocupadas en lo que ocurrió entre el 11 y el 14".
"Ese es un aspecto que está pasado en el tiempo y donde los ciudadanos
tuvieron la oportunidad de expresarse, y lo hicieron de forma tan
rotunda que hubo un cambio de gobierno", aseveró.
Por ello, aconsejó a los dos grandes partidos que, "lejos del
interés partidista de los grupos de fans", se ocupen de lograr un
consenso "responsable" para mejorar la seguridad del país, evitando
"priorizar las diferencias" entre ellos.
Sobre la situación previa a los atentados, espera que se logre
"compartir una radiografía objetiva" y cree que el acuerdo es salvable.
Rivero se basa en que los socialistas ya han aceptado que no acusarían
de imprevisión al anterior Gobierno si se reconocen errores en el
funcionamiento de los mecanismos de seguridad, y en que el propio
Ignacio Astarloa, que era el máximo responsable de la coordinación de
las Fuerzas de Seguridad, ya dejó claro en su comparecencia que las
cosas no funcionaron adecuadamente.
Después de estos meses, juzga demostrado que España es un país amenazado por grupos radicales islámicos desde 2001,
no como consecuencia exclusivamente de 'la foto de las Azores' y la
guerra de Irak, y que los mecanismos de coordinación o el control de
las minas son "francamente mejorables".
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