La comisión de investigación del 11-M ha acordado intentar elaborar una
resolución consensuada coincidiendo con el primer aniversario de la
masacre. En ésta se incluirían medidas para reforzar la seguridad del estado ante la amenaza del terrorismo y la mejora de la atención a las víctimas.
Así lo ha explicado el presidente del órgano investigador,
Paulino Rivero, tras la reunión que mantuvo con los portavoces de los
distintos grupos. Rivero defiende el adelanto de esta resolución al
considerar "razonable" que, cuando se va a cumplir un año de la
masacre, la comisión apruebe una declaración "orientada a los
afectados" que, además, recoja el "compromiso de todos los partidos con
representación democrática de hacer un frente para luchar contra el
terrorismo".
Según informó, en la reunión de la comisión todas las formaciones se han mostrado dispuestas a trabajar para lograr este objetivo, si bien precisó que algunas han dejado claro que esta voluntad de consenso no implica "compromiso" de alcanzarlo.
La
comisión decidirá el jueves su calendario de trabajos para alcanzar esa
resolución consensuada y ya se ha dejado claro de antemano que se
limitará a reseñar una serie de recomendaciones para el futuro, pero evitando "literatura" o "interpretaciones partidistas" que pudieran poner en peligro el acuerdo.
Además,
esa resolución consensuada, si se consigue, no podrá entenderse en
ningún caso como sustitutiva de las conclusiones de la comisión, que
seguirán su propio curso y que se esperan debatir en mayo o junio.
En
este sentido, y aunque algún grupo minoritario, como ERC, había
insinuado la conveniencia de prorrogar el plazo inicial hasta el 28 de
febrero para presentar las propuestas de los grupos, en la reunión no
se ha planteado esa demanda con lo que se mantiene el calendario fijado
en diciembre para aprobar las conclusiones definitivas.
Por otro lado, se ratificó la convocatoria de la sesión prevista para este jueves con el fin de analizar los dos últimos documentos clasificados
que ha enviado el Gobierno: los libros de registro de la Guardia Civil
en Asturias y al informe policial del pasado noviembre donde se
descartaba conexiones entre ETA y los terroristas islamistas.
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