El PSOE ha remitido a varios grupos parlamentarios
sus propuestas para consensuar una resolución en la comisión del 11-M
antes del primer aniversario de la masacre. El documento propone
desarrollar el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista para
convertirlo en un centro de recolecta y procesamiento de la información
y de coordinación operativa.
Según informaron fuentes de la comisión, este es uno de los
puntos incluidos en el texto elaborado por expertos del PSOE y de IU, y
que se ha mostrado ahora a otros grupos con la intención de que pueda
servir de base para una resolución unánime antes del primer aniversario de la tragedia.
En
el documento se incluyen recomendaciones en respuesta a las
reivindicaciones de las víctimas, con especial hincapié en las hechas
por la portavoz de la Asociación de Víctimas del 11-M, Pilar Manjón, en su comparecencia ante la comisión el pasado mes de diciembre.
En aquella ocasión, Manjón pidió un organismo permanente de ayuda a los afectados;
nuevos planes de emergencia sanitarios, laborales y educativos; el
respeto al derecho de intimidad de las personas y un uso ético de las
imágenes de los atentados por parte de los medios de comunicación.
Además, el texto contiene una serie de medidas técnicas y operativas de índole policial y político,
entre ellas el citado desarrollo del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista. Esta propuesta de IU precisa que el Centro debe
funcionar bajo el principio del mando único, con un director bajo la
autoridad del Ministerio del Interior, nombrado por el Gobierno y
confirmado después por el Congreso de los Diputados.
El director debería presentar ante el Congreso de los Diputados un informe anual, cuyo debate sirviera a la vez de revisión de las medidas aprobadas, con el fin de adecuarlas a la evolución de la amenaza.
El Centro debería asegurar además la custodia de una base de datos compartida
entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad Central Especial
(UCE) y la Comisaría General de Información, que garantizara el
intercambio eficaz, confidencial y a tiempo real de los datos.
Otro de los puntos se refiere a la figura de los confidentes y los "arrepentidos",
para los que se pide la elaboración de un protocolo general que regule
sus relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se
perfila también la posibilidad de consolidar la figura del
"arrepentido", con todas las garantías legales y judiciales que se
consideren oportunas.
Por otro lado, se contempla la regulación
y control de la producción, transporte, almacenamiento y distribución
de explosivos, para reforzar el marco legal y administrativo de
control, con medidas como la colocación de códigos de barras en cada cartucho.
Asimismo, el texto se refiere a los llamados "gabinetes de crisis",
y asegura que el Ejecutivo debería traer al Congreso de los Diputados
una modificación de su decreto regulador, para así precisar las
condiciones en las que se deberá reunir imperativamente.
Los
principales puntos de fricción entre las delegaciones del PSOE y de IU
han sido la negativa de los socialistas a incluir la hipótesis de la ampliación del Pacto Antiterrorista
a todas las fuerzas políticas, así como la coordinación de los
servicios de inteligencia y seguridad a través de la Presidencia del
Gobierno.
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