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Jueves, 17 de marzo de 2005
Actualizado a las 15:29 (CET) - Internet time @645 by Swatch
 
 

TRÁFICO DE DROGAS Y EXPLOSIVOS
Trashorras y Toro se enfrentan a penas de 17 años por el 'caso Pipol'

EFE

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OVIEDO.- Dos de los acusados de facilitar los explosivos utilizados en los atentados del 11-M, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, se enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por delitos de tráfico de estupefacientes y de explosivos en el marco de la 'operación Pipol'.

Estos son dos de los veinte acusados de formar parte de sendos grupos organizados que se dedicaban a la introducción y distribución en Asturias de drogas, cocaína y hachís, fundamentalmente, que fueron detenidos por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón en el primer semestre de 2001 a raíz de la llamada 'Operación Pipol'.

Esta actuación concluyó el 25 de julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

Según recoge el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, en su escrito de acusación, Suárez Trashorras, que permanece en prisión por su implicación en el 11-M, y Toro Castro, que también está encarcelado por esta causa y por tráfico de drogas, son los únicos de los veinte acusados imputados por un delito de "tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos" para los que pide sendas penas de siete años de prisión.

A estos delitos suma otros dos contra la salud pública por los que pide 10 años de prisión, con lo que la petición del fiscal se eleva a 17 años de prisión para cada uno, mientras que para el resto de los acusados en esta causa Perals pide penas de entre cinco y 13 años.

Según Perals, Antonio Toro, de 27 años, trabajaba a las órdenes del cabecilla de una de las redes que introducían cocaína y hachís en Asturias, Marcos Barreiro Magán, de 29 años, y se encargaba de trasladarla desde Galicia por carretera "en cantidades superiores a un kilo".

A las órdenes de éste actuaba, entre otros, su cuñado, Emilio Suárez Trashorras, de 28 años, que le ayudaba tanto en operaciones de adquisición y venta de droga, como en el alquiler o traslado de los vehículos con los que la introducían en Asturias.

En los registros efectuados por la Policía durante el desarrollo de la 'Operación Pipol', la Guardia Civil se incautó en un garaje de Avilés, que Toro compartía con su cuñado y otro de los encausados, de 54,5 kilos de hachís, 16 cartuchos de dinamita industrial y 94 detonadores.

La operación se centró en la droga incautada, sin que se investigase la procedencia de la Goma 2 y de los detonadores hallados, que, al parecer, procedían de robos en minas asturianas en las que Suárez Trashorras había trabajado. No obstante, en el escrito del fiscal se señala que no consta "la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos".

Según el escrito de Perals, Suárez Trashorras y Antonio Toro se dedicaban, "independientemente del tráfico de drogas", a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco que ofrecían en los ambientes nocturnos de Gijón.

En concreto, recoge que en el verano de 2001 Antonio Toro y Suárez Trashorras le ofrecieron dinamita, "en al menos tres ocasiones", a Francisco Lavandera Villazón, alias 'Lavandera', un trabajador del club Horóscopo de Gijón que era confidente de la Guardia Civil y que ese mismo año alertó a las fuerzas de seguridad de la existencia de una red de tráfico de explosivos en Asturias.

De hecho, Perals pide en su escrito que se incorpore la transcripción de la grabación de una conversación mantenida entre 'Lavandera' y el agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, que desencadenó una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la actuación que llevaron a cabo las Fuerzas de Seguridad del Estado en la comunidad respecto a esta trama, diligencias que se encuentran provisionalmente archivadas.

El juicio del 'caso Pipol' se celebrará en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, en Gijón, si bien, en el caso de que no se encuentre un local adecuado para su desarrollo, podría celebrarse en Oviedo. Según Perals, aún no hay una fecha fijada para la vista oral, si bien en su escrito pide que se haga "a la mayor brevedad" y que sea grabado.

   
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