Dos de los acusados de facilitar los explosivos utilizados en los atentados del 11-M,
el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, se
enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por delitos de tráfico de
estupefacientes y de explosivos en el marco de la 'operación Pipol'.
Estos son dos de los veinte acusados de formar parte de
sendos grupos organizados que se dedicaban a la introducción y
distribución en Asturias de drogas, cocaína y hachís, fundamentalmente,
que fueron detenidos por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de
Gijón en el primer semestre de 2001 a raíz de la llamada 'Operación
Pipol'.
Esta actuación concluyó el 25 de julio de 2001 con la
incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y
otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como
la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.
Según
recoge el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, en su escrito de
acusación, Suárez Trashorras, que permanece en prisión por su
implicación en el 11-M, y Toro Castro, que también está encarcelado por
esta causa y por tráfico de drogas, son los únicos de los veinte
acusados imputados por un delito de "tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos" para los que pide sendas penas de siete años de prisión.
A estos delitos suma otros dos contra la salud pública
por los que pide 10 años de prisión, con lo que la petición del fiscal
se eleva a 17 años de prisión para cada uno, mientras que para el resto
de los acusados en esta causa Perals pide penas de entre cinco y 13
años.
Según Perals, Antonio Toro, de 27 años, trabajaba a las
órdenes del cabecilla de una de las redes que introducían cocaína y
hachís en Asturias, Marcos Barreiro Magán, de 29 años, y se encargaba de trasladarla desde Galicia por carretera "en cantidades superiores a un kilo".
A
las órdenes de éste actuaba, entre otros, su cuñado, Emilio Suárez
Trashorras, de 28 años, que le ayudaba tanto en operaciones de
adquisición y venta de droga, como en el alquiler o traslado de los
vehículos con los que la introducían en Asturias.
En los
registros efectuados por la Policía durante el desarrollo de la
'Operación Pipol', la Guardia Civil se incautó en un garaje de Avilés,
que Toro compartía con su cuñado y otro de los encausados, de 54,5
kilos de hachís, 16 cartuchos de dinamita industrial y 94 detonadores.
La
operación se centró en la droga incautada, sin que se investigase la
procedencia de la Goma 2 y de los detonadores hallados, que, al
parecer, procedían de robos en minas asturianas en las que
Suárez Trashorras había trabajado. No obstante, en el escrito del
fiscal se señala que no consta "la fuente de aprovisionamiento de
dichos explosivos".
Según el escrito de Perals, Suárez
Trashorras y Antonio Toro se dedicaban, "independientemente del tráfico
de drogas", a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco que ofrecían
en los ambientes nocturnos de Gijón.
En concreto, recoge que en
el verano de 2001 Antonio Toro y Suárez Trashorras le ofrecieron
dinamita, "en al menos tres ocasiones", a Francisco Lavandera Villazón,
alias 'Lavandera', un trabajador del club Horóscopo de Gijón que era
confidente de la Guardia Civil y que ese mismo año alertó a las fuerzas
de seguridad de la existencia de una red de tráfico de explosivos en Asturias.
De
hecho, Perals pide en su escrito que se incorpore la transcripción de
la grabación de una conversación mantenida entre 'Lavandera' y el
agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, que desencadenó una
investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias sobre la actuación que llevaron a cabo las Fuerzas
de Seguridad del Estado en la comunidad respecto a esta trama,
diligencias que se encuentran provisionalmente archivadas.
El
juicio del 'caso Pipol' se celebrará en la sección octava de la
Audiencia Provincial de Asturias, en Gijón, si bien, en el caso de que
no se encuentre un local adecuado para su desarrollo, podría celebrarse
en Oviedo. Según Perals, aún no hay una fecha fijada para la vista oral, si bien en su escrito pide que se haga "a la mayor brevedad" y que sea grabado.
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