La presidenta de la Asociación 11 de Marzo Afectados de Terrorismo,
Pilar Manjón, asegura que han denunciado en el Juzgado las amenazas
anónimas, algunas de muerte,
que han recibido en los últimos meses, circunstancia que el Alto
Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio
Peces-Barba, consideró que debe tomarse en serio.
Manjón y Peces-Barba hicieron estas declaraciones en sendas
ruedas de prensa celebradas tras la primera reunión conjunta que
mantuvieron con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que
preside Angeles Domínguez.
Las dos asociaciones fueron
convocadas a esta reunión a petición de Domínguez, que deseaba mantener
un encuentro con Manjón, según explicó el Alto Comisionado.
Entre
las amenazas denunciadas, Manjón destacó que su asociación y otra que
no identificó llevan recibiendo en el último mes de manera constante un
mensaje en su correo electrónico que dice: "España cristiana y no musulmana. Vete de España si no quieres oír las campanas",
en referencia al deseo que expresó esta asociación de que no sonaran
las campanas de las iglesias de Madrid el pasado 11 de marzo en
recuerdo a las víctimas de los atentados.
En una rueda de prensa
posterior a la que ofrecieron las dos asociaciones por separado, Peces
Barba señaló respecto a estas amenazas, de las que, según dijo, Manjón
no le informó durante la reunión, que él también recibe amenazas "todos
los días" y aunque consideró que "a esas cosas" no hay que darles
importancia, "puede haber algunas que tengan credibilidad".
"No sé si lo que ha dicho ella (Manjón) tiene credibilidad, pero en todo caso hay que tomárselo en serio", añadió.
Propuestas al Gobierno
Sobre
la reunión en sí, Peces-Barba explicó que se había centrado en exponer
a ambas asociaciones las propuestas que desde el Alto Comisionado se
han hecho al Gobierno y que ya han sido aceptadas.
Entre ellas destacó la apertura de un plazo extraordinario de seis meses para solicitar las indemnizaciones reguladas en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, así como la creación de una Oficina de Información a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional, iniciativas que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 11 de marzo.
También
resaltó la aprobación de un Real Decreto por el que se promueve el
ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, de militares
fallecidos en atentado terrorista, que deseó se amplié a los militares
que hayan quedado incapacitados, y la incorporación de una enmienda al
proyecto de ley de asistencia gratuita para que también abarque a las
víctimas del terrorismo.
En cuanto a los proyectos con los que
trabaja en este momento el Alto Comisionado, Peces-Barba comentó que
hay negociaciones con la Administración, la patronal CEOE y Mapfre para
facilitar la reinserción laboral de las víctimas y que intentará
también impulsar una reforma de la Ley de Solidaridad para permitir que
las víctimas cobren las misma indemnizaciones, independientemente de
que los autores del atentado que hayan sufrido no hayan podido ser
condenados.
El Alto Comisionado se ha dirigido también a
entidades bancarias para obtener "créditos blandos" para las víctimas y
sus familiares y trata también de conseguir ayudas para el acceso a
viviendas, aunque resaltó que para la consecución de esta última
iniciativa es necesario que se involucren las comunidades autónomas.
Otro de los proyectos es crear un Instituto de Investigación del Terrorismo
en la Universidad Menéndez Pelayo y un centro cívico para que las
víctimas puedan reunirse y dispongan también de asistencia psicológica
cuando la necesiten.
La AVT, ausente
Las dos
asociaciones calificaron de positiva la reunión, aunque Angeles
Domínguez expresó su deseo de que también hubiera estado presente la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que no fue convocada.
A
este respecto, Peces-Barba explicó que la AVT -que le ha pedido que
sólo se dirija a ellos por escrito- no había sido invitada porque ese
no era el objeto de este encuentro, pero aseguró que espera que
comparezca a la reunión que se celebrará en junio con todas las asociaciones y que será preparatoria para otra reunión similar que se celebrará después del verano.
Domínguez,
quien dijo haber hablado con la AVT, consideró factible que esta
asociación acudiera a esas reuniones y subrayó que el Alto Comisionado
"tiene que intentar que todas las víctimas estén presentes".
Domínguez
criticó además la existencia de un trato diferenciado por parte de las
Administraciones a las diferentes asociaciones de víctimas.
Así,
estimó que ha existido un "trato discriminatorio" en el reparto de
representantes de las diferentes asociaciones que cuentan con víctimas
del 11-M para la creación de una comisión de seguimiento de la
distribución de los fondos generados por la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA), 11,28 millones de euros, destinados a estas
víctimas.
A este respecto, Manjón explicó que el Ministerio del
Interior ha sido el encargado de realizar el reparto de estos
representantes, de los que dos han correspondido a su asociación, otro
a la de Domínguez y otro a la AVT, basándose en los listados de socios
aportados por cada asociación.
La asociación de Manjón cuenta
con 888 socios, la mayoría víctimas del 11-M y familiares, la de
Domínguez con 250 y de los 6.000 socios con que cuenta la AVT, 360
están relacionados con los atentados del 11 de marzo.
Domínguez
también lamentó el distinto trato otorgado por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su asociación y a la que
preside Pilar Manjón y criticó que mientras a ella la recibió durante
tres horas, ellos están esperando desde el pasado diciembre a que tenga
"la deferencia de recibirnos".