El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias ha notificado a la comisión del 11-M que no obran en su poder las cintas con las conversaciones entre el militante del PSOE Fernando Huarte y el presunto terrorista Abdelkrim Bensmail en la cárcel de Villabona, aunque dice no tener inconveniente en que el Gobierno las envíe.
Este juzgado responde así a la solicitud que el presidente de la comisión de investigación, Paulino Rivero, hizo al Tribunal Supremo para conseguir la transcripción de las grabaciones después de que el Gobierno comunicara que no podía remitirlas.
El Ejecutivo adujo que debía ser el juez de vigilancia penitenciaria el que lo autorizase al afectar al derecho a la intimidad de los comunicantes.
La petición de la comisión de investigación hacía referencia a los contactos mantenidos en la cárcel entre Bensmail y Huarte los días 9 de marzo y 1 de abril de 2002 y el 9 de octubre de 2004.
Bensmail está vinculado con Allekema Lamari, quien se suicidó en Leganés (Madrid) junto a otros seis de los presuntos autores del 11-M.
El Juzgado de Asturias señala en su escrito, al que tuvo acceso Efe, que "no dispone de tales grabaciones ni, por tanto, puede remitirlas".
No obstante, concluye que "no existe inconveniente alguno" para que el Gobierno revele las dos primeras conversaciones y señala, respecto a la tercera, que es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria al que le corresponde pronunciarse al haber pasado a ser un asunto de su competencia.
El juzgado de Asturias informa de que las cintas que se graban en prisiones como la de Villabona con las comunicaciones de los internos son remitidas, "al día siguiente de celebradas, a la Unidad de Coordinación de Seguridad de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias", dependiente del Ministerio del Interior.
En su escrito recuerda que "no existe disposición legal que regule el destino final de tales grabaciones ni las competencias que los juzgados de vigilancia penitenciaria puedan tener en la materia".
"Sin embargo", añade el oficio, "una vez que se dispone lícitamente de tales grabaciones, la alta y legítima finalidad perseguida por esa comisión (la del 11-M) justifica plenamente la afectación de los derechos fundamentales del interno que pueda suponer el desvelar aquellas conversaciones, teniendo en cuenta además que el propio interno conoció el acuerdo de intervención sin oponer recurso alguno".
El magistrado juez de vigilancia penitenciaria de Asturias Alfonso Barreda, firmante del escrito, también informa de que a Bensmail ya se le intervinieron comunicaciones antes de su traslado a Villabona y dicho acuerdo se prorrogó posteriormente.
Barreda precisa que su juzgado "no ha acordado nunca" la intervención de conversaciones de internos, puesto que es al director de la cárcel al que le corresponde tomar el acuerdo.
Bensmail y Lamari fueron detenidos en 1997 en Valencia en el marco de la "operación Nova" por su pertenencia al Grupo Islámico Armado (GIA).
El PP considera importante conocer el contenido de las cintas al sospechar que Huarte pudo facilitar información al PSOE en las horas posteriores a los atentados en relación con su autoría, si bien ha alegado que sus visitas fueron por motivos humanitarios en su calidad de presidente de la ONG Amigos del Pueblo Palestino Al-Fatah y no como miembro del PSOE.
