El Congreso de los Diputados celebra en estos momentos el Pleno en el que se cerrará la comisión de investigación del 11-M con la aprobación del dictamen en el que se censura la manipulación informativa que el Gobierno de José María Aznar hizo de la masacre por interés electoral, aunque sin exigirle responsabilidades políticas por esa gestión.
La sesión ha comenzado con la intervención del presidente de la comisión, Paulino Rivero, quien ha destacado que las discrepancias políticas mantenidas entre PSOE y PP sobre lo ocurrido antes y después del 11-M no han empañado las medidas de futuro de seguridad y atención a las víctimas acordadas de forma unánime.
A continuación tomaron la palabra las fuerzas políticas integrantes del Grupo Mixto del Congreso, que coincidieron en reclamar "coherencia" en las conclusiones finales al considerar que la investigación parlamentaria ha probado que hubo responsabilidad política del anterior Gobierno y debe ponerse nombre a esos responsables.
"Establecido el qué, falta el quién", dijo la diputada de Na-Bai, Uxue Barkos, en la defensa ante el pleno del Congreso del voto particular del Grupo Mixto al dictamen de la comisión, en el que se propone la reprobación del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio.
Por su parte, José Antonio Labordeta, de la CHA, insistió en la necesidad de esa reprobación nominal, una vez que los trabajos de la comisión han constatado "imprevisión", "negligencia", "utilización partidista de los atentados" por parte del anterior Ejecutivo, así como que el Gobierno anterior mantuvo "el engaño de ETA" pese a que todos los indicios apuntaban al terrorismo islamista.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que a raíz del 11-M existen claramente "responsabilidades políticas" del anterior Gobierno por la "mentira al Estado" entre el 11 y el 14 de marzo y por la "insidia al Estado", que, en su opinión, "todavía hoy continúa" al seguir insistiendo el PP en "hipótesis que no tienen base ninguna".
Durante su turno, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha remarcado la necesidad de formar un nuevo pacto antiterrorista, que no esté suscrito "sólo por un partido o dos", sino que cuente con el "respaldo de todos los grupos parlamentarios", para evitar que otro 11-M se vuelva a repetir en España.
También ha insistido en la necesidad de formar un nuevo acuerdo que sustituya al Pacto Antiterrorista y a la Ley de Partidos el portavoz de ERC, Joan Puig. El dirigente republicano ha manifestado que el 11-M es una "oportunidad" de "avanzar en positivo para buscar la paz", ya que aquel atentado afectó también a ETA. En su intervención ha recordado al PSOE la necesidad de poner nombres a la responsabilidad política por el 11-M: "Aznar, Acebes, Zaplana y Palacio".
Otro portavoz que ha insistido en recuperar la unidad de todos los partidos en la lucha contra el terrorismo ha sido el de CiU, Jordi Jané, quien ha recordado que es necesario atender el mandato de unidad lanzado por las víctimas. "Aprendamos de los fallos para evitar que el terrorismo sea utilizado como arma electoral de unos contra otros", ha dicho.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, ha manifestado que la comisión del 11-M "se cierra en falso" y ha dicho que el PSOE tiene "miedo a que podamos saber qué pasó en esas horas trágicas". En su intervención, ha advertido de que "hoy no acaba la búsqueda de la verdad. Ustedes no van a silenciar a la oposición ni a la prensa libre", ha sentenciado mirando a la bancada socialista.
En estos momentos está en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Cuesta.
Conclusiones
Las conclusiones de lo ocurrido antes y después del 11-M, que se aprobarán con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, señalan que el anterior Ejecutivo infravaloró la amenaza del terrorismo islamista radical y tergiversó los datos de la autoría de los atentados, manteniendo la hipótesis de ETA cuando la Policía apuntaba en otra dirección.
El PSOE, en cambio, no aceptará la reclamación de ERC, PNV y grupo Mixto de que se depuren responsabilidades y se repruebe a Aznar y a los ex ministros Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio por su papel en la crisis, informaron a Efe fuentes socialistas.
Frente a la versión mayoritaria, el PP defenderá un voto particular en el que rechaza que hubiera imprevisión ante la amenaza del terrorismo islamista y que el Ejecutivo de Aznar tergiversara la información que dio sobre los responsables de los atentados.
El principal partido de la oposición insiste en que no se cierre la investigación parlamentaria debido a los interrogantes que aún quedan por resolver y en que se indague en las posibles conexiones entre ETA e islamistas radicales.
Se debatirán también los votos particulares de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y grupo Mixto, que aunque respaldan el dictamen del PSOE, ponen algunas objeciones.
Estos grupos piden dar por finalizado el Pacto Antiterrorista firmado entre PSOE y PP contra ETA y fundirlo en el nuevo acuerdo contra el terrorismo internacional.
Los socialistas tampoco aceptarán esta demanda, según las mismas fuentes, al considerar que sigue vigente la alianza con el PP, a pesar de las discrepancias surgidas desde que el Gobierno apostó por el diálogo con ETA si renuncia a las armas.
150 propuestas
El dictamen que el pleno del Congreso aprobará hoy recoge un apartado con más de 150 propuestas sobre seguridad y atención a las víctimas acordadas de forma unánime.
Estas recomendaciones tienen como fin aumentar los medios para evitar nuevos atentados, corregir las deficiencias observadas y mejorar la coordinación y el intercambio de información entre la Policía, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los tribunales.
Se apuesta además por una nueva estrategia integral contra el terrorismo basada, entre otros principios, en la solidaridad con las víctimas y en la unidad de las fuerzas democráticas.
Las medidas en favor de los afectados están encaminadas a dar una mejor respuesta a sus problemas sanitarios, sociales, educativos y laborales.
La comisión de investigación del 11-M se constituyó el 27 de mayo de 2005, dos meses y medio después de los atentados.
