Durante el debate en el Pleno del Congreso de las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre los atentados del 11 de marzo, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, ha asegurado que el PSOE tiene "miedo a que podamos saber qué pasó en esas horas trágicas", pero ha advertido de que "hoy no acaba la búsqueda de la verdad".
"Ustedes no van a silenciar a la oposición ni a la prensa libre", ha sentenciado Zaplana, quien ha acusado al PSOE de "torpedear sistemáticamente" la comisión impidiendo testimonios clave y vetando documentos relevantes para "reafirmar un guión escrito de antemano".
"Cuando la mayoría de esta Cámara imponga el cierre de la comisión, habremos fallado a las víctimas y a la sociedad, que sigue queriendo saber la verdad", apuntó Zaplana, para quien el Parlamento "habrá claudicado frente a sus obligaciones". El portavoz del PP considera que éste ha sido "un día triste para España".
Por su parte, el diputado del PSOE Álvaro Cuesta acusó al PP de seguir todavía "con la obsesión del 14-M" y criticó a este partido por "traficar y manipular con el dolor de personas de carne y hueso" que han sufrido un atentado terrorista y que supone una "utilización política" para desgastar al Gobierno.
Además, el parlamentario del PSOE anunció en el Congreso que su partido está dispuesto a poner en marcha un gran pacto de todas las fuerzas democráticas contra el terrorismo internacional y anunció que el Grupo Socialista va a redactar un borrador que sirva de base para negociar esa gran alianza.
A su juicio, es necesario poner en marcha una "alianza democrática contra el terrorismo internacional" sin que ello suponga dejar de lado el Pacto por las Libertades que PSOE y PP suscribieron en diciembre de 2000. Cuesta quiso dejar claro que el Partido Socialista "seguirá siendo leal" al Pacto Antiterrorista.
Cierre de la comisión
El pleno del Congreso cerró la comisión de investigación del 11-M con la aprobación por parte de todos los grupos, salvo el PP, del dictamen en el que se concluye que el anterior Gobierno manipuló la información de la masacre por interés electoral y descuidó la seguridad ante el terrorismo islamista.
El documento que resume lo ocurrido antes y después de la masacre de Madrid fue aprobado por 184 votos a favor, 145 en contra y una abstención, mientras que el apartado de medidas sobre víctimas y recomendaciones de seguridad contó con el apoyo unánime de todos los diputados presentes en la Cámara.
La sesión ha comenzado con la intervención del presidente de la comisión, Paulino Rivero, quien ha destacado que las discrepancias políticas mantenidas entre PSOE y PP sobre lo ocurrido antes y después del 11-M no han empañado las medidas de futuro de seguridad y atención a las víctimas acordadas de forma unánime.
A continuación tomaron la palabra las fuerzas políticas integrantes del Grupo Mixto del Congreso, que coincidieron en reclamar "coherencia" en las conclusiones finales al considerar que la investigación parlamentaria ha probado que hubo responsabilidad política del anterior Gobierno y debe ponerse nombre a esos responsables.
"Establecido el qué, falta el quién", dijo la diputada de Na-Bai, Uxue Barkos, en la defensa ante el pleno del Congreso del voto particular del Grupo Mixto al dictamen de la comisión, en el que se propone la reprobación del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio.
Por su parte, José Antonio Labordeta, de la CHA, insistió en la necesidad de esa reprobación nominal, una vez que los trabajos de la comisión han constatado "imprevisión", "negligencia", "utilización partidista de los atentados" por parte del anterior Ejecutivo, así como que el Gobierno anterior mantuvo "el engaño de ETA" pese a que todos los indicios apuntaban al terrorismo islamista.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que a raíz del 11-M existen claramente "responsabilidades políticas" del anterior Gobierno por la "mentira al Estado" entre el 11 y el 14 de marzo y por la "insidia al Estado", que, en su opinión, "todavía hoy continúa" al seguir insistiendo el PP en "hipótesis que no tienen base ninguna".
Durante su turno, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha remarcado la necesidad de formar un nuevo pacto antiterrorista, que no esté suscrito "sólo por un partido o dos", sino que cuente con el "respaldo de todos los grupos parlamentarios", para evitar que otro 11-M se vuelva a repetir en España.
También ha insistido en la necesidad de formar un nuevo acuerdo que sustituya al Pacto Antiterrorista y a la Ley de Partidos el portavoz de ERC, Joan Puig. El dirigente republicano ha manifestado que el 11-M es una "oportunidad" de "avanzar en positivo para buscar la paz", ya que aquel atentado afectó también a ETA. En su intervención ha recordado al PSOE la necesidad de poner nombres a la responsabilidad política por el 11-M: "Aznar, Acebes, Zaplana y Palacio".
Otro portavoz que ha insistido en recuperar la unidad de todos los partidos en la lucha contra el terrorismo ha sido el de CiU, Jordi Jané, quien ha recordado que es necesario atender el mandato de unidad lanzado por las víctimas. "Aprendamos de los fallos para evitar que el terrorismo sea utilizado como arma electoral de unos contra otros", ha dicho.
Conclusiones
Las conclusiones de lo ocurrido antes y después del 11-M, que se aprobaron con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, señalan que el anterior Ejecutivo infravaloró la amenaza del terrorismo islamista radical y tergiversó los datos de la autoría de los atentados, manteniendo la hipótesis de ETA cuando la Policía apuntaba en otra dirección.
El PSOE, en cambio, no aceptó la reclamación de ERC, PNV y grupo Mixto para que se depurasen responsabilidades y se reprobara a Aznar y a los ex ministros Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Ana Palacio por su papel en la crisis.
El dictamen aprobado recoge un apartado con más de 150 propuestas sobre seguridad y atención a las víctimas acordadas de forma unánime. Estas recomendaciones tienen como fin aumentar los medios para evitar nuevos atentados, corregir las deficiencias observadas y mejorar la coordinación y el intercambio de información entre la Policía, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los tribunales.
Se apuesta además por una nueva estrategia integral contra el terrorismo basada, entre otros principios, en la solidaridad con las víctimas y en la unidad de las fuerzas democráticas. Las medidas en favor de los afectados están encaminadas a dar una mejor respuesta a sus problemas sanitarios, sociales, educativos y laborales.
La comisión de investigación del 11-M se constituyó el 27 de mayo de 2005, dos meses y medio después de los atentados.
