Los esfuerzos de la Generalitat por contener su presupuesto sanitario están dando resultados en los últimos ejercicios. Hacerlo era el mejor paso, decían tanto los responsables de Economia como de Salut del Govern, para poder reivindicar una mayor dotación de recursos procedentes de las arcas del Estado. Al Ejecutivo catalán, sin embargo, se le escapa otra vía de obtención de ingresos, la que tiene en sus manos a través de las tasas fijadas con el fin de financiar algunos de los servicios que presta.
En ese procedimiento, pese a tener una importancia menor en su presupuesto consolidado, falla. Así lo considera la Sindicatura de Comptes, que, en un informe fiscalizador sobre los ejercicios 2002-2004, concluye «que existen debilidades significativas en los diversos procedimientos y circuitos administrativos y contables, que no permiten garantizar la eficacia de los procedimientos de gestión de las tasas exigidas, el adecuado cumplimiento de la legalidad vigente ni la fiabilidad de la información registrada».
Los autores del documento, de más de 100 páginas de extensión, van a más en su valoración y constatan que esa situación tiene como consecuencia «una recaudación inferior a la potencial».Según la cifra expuesta en diversos capítulos del informe, el dinero que se pierde por el camino podría llegar a superar los dos millones de euros anuales, una cantidad que el Departament de Salud insinúa en algunos apartados desproporcionada porque muchas de las inspecciones consideradas como tributables por la Sindicatura «no son susceptibles de generar tasa».
Debate
El Servei Català de la Salut, el principal organismo adscrito al Departament de Salut, presupuestó para 2005 el cobro de cerca de 1,5 millones en concepto de tasas para todo el ejercicio.
La conselleria que desde finales de 2003 dirige la socialista Marina Geli cuestiona, por ejemplo, la atribución que efectúa la Sindicatura hacia su departament por más de 12.000 actuaciones inspectoras realizadas en 2004 que eran susceptibles de cobro de tasa. En 2002 y 2003 se superaron las 19.000 actuaciones, según el organismo fiscalizador del Parlament.
La Sindicatura consideró en su informe previo que la Administración catalana tenía pendiente de cobro 892.865 euros en 2004. De esa cifra, según el informe, 547.039 euros deberían haber sido cobrados antes de que los técnicos de la Generalitat practicaran el servicio.Al no hacerlo y transcurrido un tiempo, una cantidad equivalente a 374.313 había prescrito.
En una larga respuesta elaborada por técnicos de Salud se reclamó que se rebajara la primera de esas cifras, a lo cual la Sindicatura se ha negado y reivindica que «no se puede poner en duda la acreditación de este saldo» porque está constituido por tasas acreditadas y liquidadas en el conjunto de los servicios del Departament de Salut.
En otro de los puntos del informe, en el que hace referencia a operaciones de sacrificio e investigación de residuos en los distintos mataderos de Cataluña, la Sindicatura efectúa una estimación según la cual la Generalitat habría dejado de ingresar 1,11 millones de euros en 2003.
Más allá de las cifras, el organismo que dirige Joan Colom es duro. Arremete contra la ausencia o la falta de actualización de los estudios económicos con los que se debe calcular el coste de las tasas. Salud niega esa valoración, si bien en el caso de tasas antiguas reconoce que «estos estudios que acompañaban a la memoria [...] no figuran actualmente en los archivos de la Unidad de Tasas del Departament».
Otras irregularidades son la ausencia de concreción a la hora de desglosar «la previsión de ingreso de cada tasa, ni cuáles son los importes liquidados o cobrados por cada una de ellas».O la continuidad de la prestación de servicios por parte de la Generalitat a «sujetos pasivos» que acumulan deudas por tasas liquidadas de ejercicios anteriores.
La Sindicatura estrena etapa
BARCELONA.- El Síndic Major Joan Colom ya puede decir que, efectivamente, el organismo fiscalizador que dirige ha iniciado una nueva etapa.El pasado 21 de diciembre el Parlament decidió que la Sindicatura no cuente en su pleno con ningún miembro procedente de la polémica etapa de gobiernos de CiU, cuando era imposible elegir a su máximo responsable y, pese a ello, se repetían las votaciones para hacerlo.Sucedió, por ejemplo, cuando la candidata era la democristiana Montserrat de Vehí, encargada de relevar en el ente a Ferran Termes, que lo abandonó en una época polémica.
Justamente, esta militante de Unió Democràtica es uno de los miembros de la vieja hornada de síndicos que han abandonado el organismo para dejar vía libre a 'savia nueva'. Junto a ella, también abandonará la Sindicatura Jacint Ros, elegido a instancias de Esquerra Republicana de Catalunya.
Esas dos salidas son la contrabalanza a los nombramientos parlamentarios de Jaume Amat y Jordi Pons, que harán efectivo su nombramiento una vez finalicen estas fiestas navideñas. Por su parte, el síndico Enric Genescà renovó también su cargo para los próximos seis años.
Esos tres miembros se unen a Agustí Colom, Alexandre Pedrós y Ernest Sena, los que han configurado el grueso de las Sindicatura desde que Joan Colom asumiera su cargo en 2004, después de que el tripartito se hiciera con las riendas de la Generalitat. En los últimos tres años, la Sindicatura ha acelerado la elaboración de informes fiscalizadores para intentar desatascar años de retrasos.Justamente está a punto de dar por concluida la fiscalización de ejercicios convergentes (hasta 2003) y tendrá que ponerse seriamente en la labor de controlar a los depertamentos que ahora controlan socialistas, republicanos y ecosocialistas. Nueva etapa.
