Ese día evitó hablar públicamente de ruptura del proceso y dio a entender que si ETA hace algún gesto que muestre voluntad de abandonar la violencia volverá a intentar contactar con la banda.

Se juega su futuro y su credibilidad. Él controla personalmente el proceso, con apoyo de María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba, sólo él tiene toda la información y él ha asumido toda la responsabilidad si fracasa. La confianza en su gestión sólo se basaba en la credibilidad que, a modo de carné por puntos, va restando crédito.

Incluso antes del atentado de la T-4, todas las encuestas mostraban que los ciudadanos empezaban a percibir el proceso como algo negativo que, además, eclipsa otras decisiones estelares del Gobierno como las leyes que amplían derechos o extienden protección social.

Zapatero lo ha situado en la primera página de la agenda política y puede sufrir las consecuencias.

Su problema, además, es que es el único presidente del Gobierno que afronta un proceso de diálogo con el primer partido de la oposición no sólo en contra, sino dificultando los avances al utilizar el terrorismo como arma política y electoral. Por eso Zapatero tiene quien le pase factura por el fracaso del proceso, lo que no ocurrió ni con Felipe González ni con José María Aznar.

El presidente del Gobierno ya ha dicho que terminará la legislatura, lo cual forma parte del discurso obligado de cualquier jefe del Ejecutivo. En su caso, la marcha negativa de las encuestas es el dato principal que muestra que en 2007 no habrá elecciones generales.

El año 2007 se inicia con la duda de si el atentado de Barajas es el inicio de una nueva ofensiva de ETA, de las que suele impulsar cuando se rompe un proceso de diálogo con el Gobierno de turno.

El presidente del Gobierno mantiene en Navidades una reflexión estratégica sobre el último año de legislatura que, además, debe extenderlo a la marcha del proceso.

El Gobierno creía suficiente e intentaba por todos los medios recuperar la llamada propuesta de Anoeta y llevar a la organización terrorista de nuevo hacia ese camino. Esa propuesta consistía en separar, por primera vez, el diálogo en dos mesas: una con ETA sólo para hablar de presos, de prófugos y de entrega de armas y otra con Batasuna para tratar cuestiones políticas. Esta última mesa estaba condicionada por el Gobierno a que Batasuna acepte cumplir la Ley de Partidos y Zapatero esperaba reconducirla hacia una reforma del Estatuto del País Vasco, que se apruebe en el Parlamento autonómico, luego en las Cortes y, por último, se ratifique en un referéndum. El hito fundamental del proceso, de la lucha antiterrorista o cómo se quiera decir será el de las elecciones municipales y forales a las que Batasuna aspira a presentarse, con su nombre, con listas blancas o de cualquier otra forma. Será la piedra de toque para saber cómo marcha el supuesto camino hacia la paz.

La tesis del Gobierno ha sido y será, por el momento, que la izquierda abertzale debe cumplir la Ley de Partidos para concurrir a las elecciones y, en caso contrario, la Fiscalía y la Abogacía del Estado actuarán para impedirlo.

Antes, se producirá un hecho importante: la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la admisión a trámite de la demanda de Batasuna contra su ilegalización. La decisión final no se producirá hasta dentro de un año, como mínimo; sin embargo, la admisión a trámite es considerada por la izquierda abertzale como un filtro importante y, por tanto, pueden utilizarlo políticamente para presionar al Gobierno.

El otro termómetro de la marcha de la lucha antiterrorista será el del resultado de los innumerables procesos judiciales a los que están sometido los dirigentes de Batasuna y el entorno de ETA. Es más, 2007 podría terminar con todos ellos, empezando por Arnaldo Otegi, en la cárcel si así lo quiere primero la Fiscalía y luego los jueces.

Lo primero en enero será la decisión del Tribunal Supremo en la sentencia que tiene pendiente sobre los dirigentes de organizaciones vinculadas a ETA.