Siguiendo el calendario oficioso de la Audiencia, la vista oral debería concluir antes del verano y la sentencia estaría notificada a finales de octubre o noviembre, abriendo así los plazos a los recursos ante el Tribunal Supremo.

La vista oral servirá para examinar la intervención de los acusados, pero también someterá a prueba la cuestionada investigación policial y judicial, puesta en duda en algunos aspectos tanto por defensas como por acusaciones. A las declaraciones de los imputados seguirán las de más de un centenar de testigos -se ha evitado que deban comparecer las víctimas-, así como numerosos peritos.

Entre estos últimos se encuentra el ya ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano, cuyos errores sobre los explosivos han sembrado de dudas aspectos fundamentales para explicar la masacre.

Los atentados del 11-M provocaron que el pasado 6 de noviembre la Fiscalía presentase la mayor petición de penas de su historia: 270.875 años de prisión, que varían entre los más de 38.600 para siete presuntos autores -aunque la ley fija un cumplimiento máximo de 40- y los cuatro para Carmen Toro.

Los principales acusados

Emilio Suárez Trashorras es el procesado para el que la fiscal Olga Sánchez solicita la mayor pena (38.870 años), como cooperador necesario en los 191 asesinatos y 1.824 delitos de asesinato en grado de tentativa. Le acompañarán en la cabina blindada las tres figuras más relevantes del entramado terrorista, acusados de ordenar e idear la matanza: Rabei Osman, alias El Egipcio, Yusef Belhadj y Hasan Haski. También estarán tres acusados de colocar mochilas bomba: Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar.

En la sede de la Casa de Campo destinada para el juicio, los asientos asignados a las acusaciones estarán tan nutridos como los de las defensas. Además de la veintena de acusaciones particulares personadas, concurren tres asociaciones: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo (presidida por Pilar Manjón), y la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M (presidida por Angeles Domínguez).

Pese a compartir estrado frente a los abogados de las defensas, sus escritos difieren en muchos puntos. Algunas de las diferencias más sustanciales se derivan de las dudas que aún subsisten sobre el explosivo que estalló en los trenes. La Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M considera que no se ha podido demostrar que el explosivo fuera Goma 2 ECO robada por Trashorras. Por lo tanto, sólo acusan al asturiano de lo sucedido en el piso de Leganés, donde sí está acreditada que fue esa la dinamita empleada.

La lista de delitos que se verá en el juicio es muy numerosa.Junto al asesinato, los estragos y la pertenencia o colaboración con la célula terrorista, el escrito incluye el tráfico de explosivos y drogas, la falsificación de documentos y el robo, que sirvieron para financiar o facilitar la logística necesaria para los atentados.

La Sección Segunda de lo Penal será el tribunal encargado de celebrar el juicio. O más bien, el macrotribunal, ya que estará compuesto por tres de los cuatro presidentes de Sección de la Audiencia: Javier Gómez Bermúdez (Sección Primera), Fernando García Nicolás (Segunda) y Alfonso Guevara (Tercera). Esta llamativa composición ha sido posible por la salida de la Audiencia, a lo largo de 2006, de dos de los tres miembros originales del tribunal. Ignacio Bigeriego fue sustituido por Gómez Bermúdez, mientras que la salida de Antonio Díaz Delgado provocó la entrada de Guevara. Díaz Delgado era, además, ponente de la sentencia -el encargado de redactarla-. Una tarea que Gómez Bermúdez sumará a la de presidir el juicio.

La posición de Gómez Bermúdez en la Sala aún está por delimitar.El tira y afloja que por su nombramiento han mantenido el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial ha llevado a que estrene 2007 sin presidir la Sala de lo Penal. Eso supone que tampoco le correspondería la presidencia del tribunal, al ser más moderno que los otros dos magistrados.

La sentencia del 11-M no cerrará la investigación judicial, tan sólo el sumario 20/2004. El Juzgado Central de Instrucción número 6 que dirige Del Olmo sigue instruyendo las diligencias previas 147/2006, abiertas al tiempo que se cerraba la causa principal.En ellas, según explica el propio Del Olmo, se siguen recopilando los datos relacionados con la masacre que siguen llegando a la Audiencia. Alguna de las vías aún abiertas son evidentes: dos presuntos autores materiales -Mohamed Afalah y Daoud Ouhnane- se encuentran huidos y su captura supondría llevar de nuevo a juicio el 11-M.

El pasado 31 de octubre, la Sección Segunda daba por cerrada la instrucción, pero resaltaba que la decisión se adoptaba «sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

Algo que, explicaba, «puede ocurrir antes, durante o después del juicio, incluso dando lugar a la suspensión del curso del mismo si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados».

Será en la Casa de Campo. La Audiencia Nacional dispone allí de una sede especial dedicada a los macrojuicios por la que ya han pasado los miembros de la célula española de Al Qaeda y a la que acuden desde hace más de un año la cincuentena de acusados.

Según fuentes del tribunal, la sede contará con una oficina de atención a las víctimas desde la que éstas podrán seguir la vista y recibir atención médica o psicológica en caso necesario.

La oficina de atención a las víctimas se instalará en el sótano del pabellón, con una capacidad para entre 80 y 100 personas, y contará con varias pantallas de televisión a través de las que se podrá seguir lo que ocurre en el juicio, que comenzará a principios de febrero.

Además, en la oficina habrá varios psicólogos -que aportarán las asociaciones de víctimas de estos atentados-, así como dos despachos destinados a la clínica médico-forense, donde las personas que lo necesiten podrán ser atendidas en caso de crisis nerviosas y en los que también se llevarán a cabo los reconocimientos médicos que eventualmente ordene el tribunal en el curso de las sesiones.

La oficina contará igualmente con los impresos necesarios para que las víctimas expresen sus quejas sin tener que desplazarse a otros órganos judiciales.

El tribunal del 11-M también ha regulado el acceso a la sala de vistas, en la que caben otras cien personas, mediante el reparto de tarjetas acreditativas a familiares o amigos de los 29 procesados, víctimas y público en general.

Así, los abogados defensores de cada uno de los acusados tendrán una tarjeta que permitirá la presencia en la sala de una persona, con lo que se cubrirán las primeras 29 plazas.

Otras cincuenta tarjetas, de diferente color, se repartirán entre las víctimas y se distribuirán proporcionalmente entre las tres asociaciones que las representan -la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, de Pilar Manjón, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, de Angeles Domínguez y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)- y entre las que han presentado acusación propia.

De las 20 plazas restantes, 10 serán para el público en general -podrán acceder a la sala las primeras 10 personas que cada día lleguen al pabellón- y las otras 10 para seguridad -habrá varios policías de paisano mezclados entre el público- y protocolo -personal de embajadas, universidades, entre otros-.

El pabellón dispone también de una amplia sala de prensa y de una cámara acorazada destinada a albergar el sumario y las piezas de convicción.