Los españoles, en un porcentaje altísimo -las encuestas hablan de hasta un 80%- se muestran decididamente a favor de suprimir la discriminación -recogida actualmente en el artículo 57.1 de la Constitución- en favor del varón cuando de reinar se trata.Los ciudadanos marcan así una tendencia que da primacía a lo consagrado en otro artículo de la Carta Magna, el 14, y que no es otra cosa que la igualdad para todos los españoles, sin que exista causa o pretexto alguno que la invalide.

Sin embargo, las modificaciones en el título II de la Carta Magna implican un proceso complicado, especialmente para el Gobierno ya que, llevarlas a cabo supone, en primer lugar, contar con el apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado; después, proceder a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales; el tercer paso: sacar adelante, también por mayoría de dos tercios, el proyecto de reforma en las nuevas Cámaras y, por último, someterlo a referéndum entre los españoles. En definitiva, un camino plagado de trampas para el Ejecutivo y también para la Corona.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega fue la primera en reconocerlo. Lo hizo antes incluso de que los Príncipes de Asturias fueran padres por primera vez.«Esperemos», dijo la número dos del Ejecutivo, que tengan una niña y otra niña, o tengan un niño y una niña o tengan sólo una niña para evitar problemas».

Al final, ha sido la primera hipótesis. La Infanta Leonor tendrá una hermana y, por el momento, su posición como segunda en la línea sucesoria tras su padre, Felipe de Borbón, no se verá comprometida ya que en España el Trono no está vetado a la mujer; las mujeres pueden reinar... eso sí, cuando no exista posibilidad de que lo haga un hombre.

El hecho de que el segundo vástago de los Príncipes vaya a ser también una niña es sólo un alivio transitorio ya que, de cumplirse los deseos del Príncipe de Asturias de ser padre de familia numerosa, la incertidumbre y los problemas volverán a surgir con un tercer embarazo de Doña Letizia, salvo que la Constitución se reforme antes.

Cambios aplazados

Por ahora, las modificaciones en la Carta Magna han quedado aplazadas, al menos, hasta la próxima Legislatura; éste es uno de los rarísimos puntos de acuerdo entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP. Nadie habla de fechas y plazos concretos, pero como mínimo, el proceso de reforma no llegará hasta la segunda mitad de 2008 y además, conllevará tres cambios constitucionales más: el Senado, la denominación de las Comunidades Autónomas y la propia adecuación de la Carta Magna al texto -por el momento en vía muerta- de la futura Constitución Europea.

Pero si estos son los problemas que atemorizan al Gobierno -tanto el último Gobierno de Aznar como el actual de Rodríguez Zapatero han preferido aplazar el tema-, también existen otros que preocupan a la Casa Real.

Nadie habla de ellos oficialmente. De hecho, el propio Príncipe de Asturias recalca que por ahora no hay urgencia ya que la sucesión está asegurada en su persona. Sin embargo, si mañana mismo Don Felipe tuviera que hacerse cargo de la Corona, en ése mismo momento convendría que estuviera claro el nombre de su sucesor.

La contestación republicana que ha recibido el Príncipe de Asturias en un buen número de actos a los que ha acudido dentro del territorio nacional en el último año, preocupa a su padre.

En la Casa del Rey suscita inquietud la idea del referéndum que conlleva la reforma constitucional. Don Juan Carlos y los altos funcionarios que le rodean saben que los españoles están muy mayoritariamente a favor de que el artículo 57.1 del Título II de la Constitución se modifique para asegurar la igualdad de acceso a la Corona de varones y hembras, pero temen que la consulta popular se vea contaminada por las tesis de quienes defienden la abolición de la monarquía y la instauración de un Estado republicano con un presidente elegido por los ciudadanos.

Sin embargo, pese a los miedos de unos y de otros parece evidente que el signo de los tiempos exige la reforma de manera urgente.De hecho, la abolición de la prevalencia del hombre sobre la mujer a la hora de acceder al Trono, se ha llevado ya a cabo en todas las monarquías europeas. El último país que resta por superar este anacronismo es España.

El debate acerca de la perentoriedad de este cambio legal ha suscitado diversas teorías. Hay quienes mantienen que la Infanta Leonor, la primogénita de los Príncipes de Asturias, será sin lugar a dudas Reina de España. Se basan para ello en el hecho de que existe tiempo para hacer los cambios pertinentes, dado que la sucesión a la Corona está garantizada ya por su padre.

También, entre los que no consideran la necesidad de realizar los cambios rápidamente, hay quienes defienden que bastaría con la aprobación de una ley orgánica para garantizar la sucesión a una mujer. Esta opción es minoritaria y, desde luego, podría establecer un precedente para futuras modificaciones sobre el papel de la monarquía.

Otros por el contrario, insisten en la urgencia de la reforma ya que, en caso de que un nuevo vástago de los Príncipes fuera varón y naciera sin que los cambios se hubieran producido, la ley le ampararía como legítimo sucesor en detrimento de Leonor, su hermana mayor.

Quienes apuestan por esta teoría mantienen que al Gobierno le bastaría, argumentando la necesidad de la reforma, con adelantar el final de la Legislatura en sólo un mes, es decir, disolver las Cámaras 25 días antes de su fecha oficial de expiración y, en consecuencia, avanzar cuatro semanas el día de las elecciones generales.

Esta maniobra podría haberla hecho ya el Ejecutivo de Aznar puesto que la boda de los Príncipes de Asturias se anunció bajo su mandato y ya entonces se empezaron a debatir los problemas sucesorios.Sin embargo, el Gobierno de entonces dejó pasar la oportunidad.Ahora, le toca el turno al de Zapatero -quien por cierto, incluía esta reforma en su programa electoral- y el mejor momento desde el punto de vista político, sería, a todas luces, coincidiendo con el final de la presente Legislatura.

Retoques mínimos

Por lo demás, el retoque que necesitaría la Constitución en este punto es muy sencillo. Los expertos en Derecho Constitucional apuntan que bastaría con suprimir 10 palabras del artículo 57.1 para que quedara redactado de la siguiente manera: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma, el grado más próximo al más remoto y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos». Se borraría de esta forma la expresión que se refiere a la preferencia del varón sobre la mujer.

En cuanto a la Carta Magna, no habría que introducir más cambios.No obstante, si habría que modificar el Real Decreto 1368/1987 de 6 de noviembre que establece el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, a fin de contemplar, por ejemplo, la figura del Rey consorte en el caso de que la Reina sea una mujer.

Algunos juristas apuntan, además, que debería también precisarse claramente que la reforma no tiene carácter retroactivo para que, en ningún caso, se pudieran ver afectados, o simplemente cuestionados, los derechos de Felipe de Borbón de ser el próximo Rey de España en beneficio de su hermana mayor la Infanta Elena.

Este extremo, sin embargo, no es considerado esencial por un buen número de expertos en la materia ya que, argumentan, que Felipe de Borbón disfruta ya del título de Príncipe de Asturias, inherente a la condición de legítimo Heredero y que éste en ningún caso se le puede arrebatar.