En cuanto a la Justicia, la Comisión Europea (CE) ha establecido un sistema de supervisión en el que obliga a las autoridades rumanas a presentar anualmente un informe de los progresos registrados durante los próximos tres años. El comisario para la Ampliación, Oli Rehn, satisfecho por los avances logrados por la ministra de Justicia, Monica Macovei, advirtió a Bucarest que si la Agencia Nacional de Integridad (ANI) -institución que controla los haberes públicos- no se adapta a las exigencias de la UE, la CE impondría la cláusula de salvaguarda.

Transparency International (TI), por su parte, hace hincapié en que hay que mejorar otros aspectos de la Justicia. «Hay que garantizar la independencia de los jueces, eliminar las frecuentes modificaciones de las leyes y cubrir la falta de magistrados», comenta Iulia Cospanaru, coordinadora de proyectos de TI. Con respecto a la seguridad alimentaria, las medidas anunciadas por la UE no preocuparon en un principio, ya que los productores rumanos se dirigen hacia el mercado interno. Sin embargo, la advertencia rusa de interrumpir las importaciones de carne de la UE si los productos rumanos -amenazados de peste porcina y por la enfermedad de la lengua azul- acceden al mercado comunitario ha provocado que Bucarest cierre granjas. Otra cuenta pendiente son las reformas estructurales de la agricultura. Rumanía entra a formar parte de la UE con una agricultura de subsistencia y fragmentada y, según el Instituto Nacional de Estadística, un 33% de la población activa sobrevive de ella. El Director del Instituto de Estudios Europeos, Nicolae Idu, explica que «el Ministerio pretende que sea eficiente a través de la compra de pequeños terrenos y de la venta de latifundios a productores que puedan gestionar esas tierras». No obstante, advierte que la gente tendrá que buscar nuevos empleos.

El éxodo hacia los países occidentales es otro desafío. «En los próximos seis años, alrededor de 400.000 puestos de trabajo no podrán ser cubiertos, por lo que se recurrirá a importar mano de obra», declara el presidente de la Comisión Nacional de Pronóstico, Ion Ghizdeanu. Mientras tanto, el Gobierno ha activado un plan para que vuelvan los emigrantes. «El salario medio en 2005 es de 267 euros y se espera que alcance los 439 en 2009, con lo que retendríamos a los trabajadores», explica Ghizdeanu.

Valentin Ion, un trabajador rumano residente en España -uno de los más de 300.000-, explica que las condiciones que ofrece España no se las concederá Rumania en mucho tiempo. «Tengo un trabajo de verdad, dinero con el que me puedo comprar una casa; y hasta que mi país no me dé eso, no regresaré.