El temor a que las inspecciones por blanqueo acabe salpicando a los protagonistas de este sector financiero, ha obligado a las instituciones a endurecer los criterios de identificación de los clientes. La culpa la tiene la última reforma del Reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que data de 1993. El nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo estrecha el lazo sobre las actividades sospechosas de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico u otras actividades ilícitas. Y lo hace obligando a las entidades financieras a identificar a los clientes y a conocer sus actividades profesionales para clasificarlos de acuerdo a su riesgo reputacional. Esta exigencia está dando más de un disgusto a ahorradores rebeldes que se niegan a facilitar datos concretos sobre la procedencia de su dinero.

Es lo que en estos días le ha ocurrido a Openbank, filial on line del Santander, que ha solicitado a los clientes que realizan nuevos ingresos datos sobre si el dinero es patrimonio del usuario, proviene de una actividad industrial o, simplemente, de la nómina mensual. Si el osado inversor opta por no rellenar la casilla, el banco le invita formalmente a retirar el efectivo en cuenta y a buscarse otra entidad. Una decisión que ha desencadenado quejas por parte de algunos usuarios y que han sido recogidas por asociaciones de consumidores como Adicae.

«Las entidades financieras sufren el acoso de estas actividades delictivas y no tienen más salida que tomar medidas», aseguran desde el sector financiero on line, donde se admite que la nueva normativa contempla por primera vez el uso de las nuevas tecnologías para prevenir el lavado de dinero.

Unoe, la filial de internet del BBVA, también acaba de adaptarse a las medidas antifraude. Y, desde hace unas semanas, impide a sus clientes realizar transferencias por importes superiores a los 6.000 euros. Esta operativa sólo se puede realizar telefónicamente, con objeto de que el banco recabe más datos del ahorrador y sepa acerca de la procedencia de su dinero. Precisamente, es Bruselas quien exige a las entidades de crédito que conserven la copia o las referencias de los documentos de identificación, durante al menos cinco años después de finalizar las relaciones de la banca con sus clientes, así como los justificantes y el registro de las transacciones, durante un período similar, a partir de su ejecución. Además, insta a todas las instituciones financieras a colaborar con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. Éstas podrán ordenar que no se ejecute una transacción cuando sepan o sospechen que está relacionada con asuntos delictivos.

Decisiones como las tomadas por Unoe o por Openbank, sin embargo, no son bien recibidas por los usuarios de internet, cuya seguridad siempre está expuesta a los sucesivos ataques de phising -duplicar una página web para hacer creer al visitante que está en la página original de su banco- y que no paran de acosar al ahorrador. Un asunto por el que el sector ha empezado a desviar diversas operaciones a las tradicionales sucursales con objeto de garantizar la confianza y evitar reclamaciones de usuarios que son engañados mediante el envío masivo de correos electrónicos falsos.

Otro de los líderes del sector on line, ING Direct, al igual que varios de sus competidores, también está trabajando en la puesta en marcha de medidas que eviten a toda costa el blanqueo de dinero.

Ésta es una práctica sobre la que la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria han intensificado el control desde los atentados contra las Torres Gemelas de septiembre de 2001, que destapó la facilidad con la que se financia el terror y se pierde su pista a través de los paraísos fiscales.