Los responsables de Burberry decidieron en septiembre pasado la necesidad de reducir costes mediante el uso de mano de obra extranjera, la mayor parte del personal de su planta galesa de Rhondda inició una dura campaña que incluyó protestas callejeras frente a lujosas tiendas londinenses y el apoyo total de algunas de las «caras» de la marca, como el actor de Hollywood, Ioan Gruffudd, y las celebridades locales Max Boyce y Bryn Teruel.

No obstante, la acción que podría cambiar el rumbo de lo que parecía inevitable fue desvelada en la mañana de ayer por el parlamentario galés Leighton Andrews, quien confió que próximamente comenzaría una investigación oficial con el objetivo de obligarles a los dueños de Burberry a justificar el eventual traslado.

«Siempre estuvimos convencidos de que la empresa da ganancias, de modo que esta investigación parlamentaria va a obligar a la compañía a poner los números sobre la mesa ante la opinión pública», declaró un desafiante Andrews ante la cadena BBC. Y agregó: «Burberry dice ser una marca de lujo con una distinguida sensibilidad británica. Pero sus administradores están intentando irse desde el Reino Unido a China aún cuando nos dijeron que no saben cuánto ganarán sus empleados en ese país».

De acuerdo a fuentes sindicales, Burberry estaría, además, faltando a su palabra de empresa comprometida con la industria nacional británica e ignorando el bienestar de sus empleados, algo que también habría hecho en las últimas Navidades al darles como única bonificación un vale por 45 euros para gastar exclusivamente en sus tiendas y una bufanda de esa marca.

La Iglesia anglicana, que tiene inversiones en la compañía, también se ha puesto de lado de los empleados y ha exigido a Burberry que dé una explicación convincente sobre su intención de abandonar el país y dejar al menos 300 familias sin trabajo.