El PP presentó ayer su rostro más doliente, primero, por el cruento atentado de Barajas y, además, por la «falta de información» recibida por parte del Gobierno desde el sábado pasado hasta ayer mismo, pese a las llamadas puntuales de José Luis Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy y de Alfredo Pérez Rubalcaba a Eduardo Zaplana.
El secretario ejecutivo de Seguridad del PP, Ignacio Astarloa, no sólo se quejó ayer de que el ministro del Interior deje para el próxima semana sus anunciadas entrevistas con los grupos parlamentarios -el martes, la primera, con Zaplana-, sino que apuntó que dichas reuniones -que de por sí descartan una convocatoria del Pacto Antiterrorista- pueden ser una nueva «maniobra de distracción» por parte del Ejecutivo «para ganar tiempo».
No conforme con las declaraciones de los socialistas Blanco y Rubalcaba sobre la situación de «ruptura» del proceso, el dirigente popular exigió del propio Zapatero una declaración «formal» que despeje las dudas generadas al respecto con su intervención del sábado.
En vísperas del Comité Ejecutivo del partido que se reunirá hoy en Madrid bajo la presidencia de Rajoy, y donde se aprobarán distintas iniciativas para llevar el asunto a la Diputación Permanente del Congreso, Astarloa declaró que «no queremos exégesis sobre las declaraciones de Zapatero. Ya sólo nos vale que el presidente del Gobierno, por una vez en su vida, aclare lo que le demandamos: que diga hoy a los terroristas lo mismo que los españoles comentan en las cafeterías: que esto se acabó y que va a ir por ellos».
En la dirección del PP, la suspicacia hacia la estrategia política emprendida por el Ejecutivo tras el atentado era ayer tan grande como su enfado por la falta de datos.
Si en la rueda de prensa Astarloa desveló -tachándolo de «incomprensible» e «incalificable»- que Zapatero no informó a Rajoy de que podía haber víctimas mortales del atentado en la llamada que le hizo por la mañana del sábado, minutos antes de la comparecencia de Rubalcaba y de la propia intervención de Rajoy, en la tarde de ayer los populares escudriñaban las palabras del ministro del Interior y se «sorprendían» de que sólo declarara roto «este» proceso, como si pudiera reeditarse otro distinto en los próximos meses.
En lo relativo a los datos sobre el atentado, Astarloa declaró ayer que en el PP estuvieron «poco y mal informados, al igual que el resto de los españoles», y que él había esperado, y aún espera del Gobierno «la misma información que el Partido Socialista recibió cuando nosotros estábamos en el Gobierno y la transmitíamos a la oposición». El ex secretario de Estado de Seguridad aseguró que con el PP «la primera llamada era para el presidente del Gobierno y la segunda, para el PSOE». «En definitiva», concluyó, «estoy hablando de lealtad, lo que era, junto a los principios, lo más importante del Pacto Antiterrorista que Zapatero rompió».
La vuelta del Gobierno al Pacto volvió a ser ayer la demanda más recurrente de los populares, pese a que «la reacción política no camina en esa dirección», según Astarloa. Sea como sea, el PP optó ayer por enumerar hasta tres exigencias concretas a Rodríguez Zapatero. La primera, «que ponga fin ya, sin dilación a la política antiterrorista basada en la oscuridad y en la confusión». La segunda, «que ponga fin a la política del avestruz», «dé la cara» y «deje de dar explicaciones que ofenden a los españoles» en contradicción con el rearme de ETA. La tercera, «que no siga solo en su política, frente a la inmensa mayoría de los ciudadanos» y que les transmita a ellos la sensación de un «Gobierno fuerte», y a ETA, la «máxima desesperanza».
Y aún se permitió el lujo de darle un «consejo»: «Que despeje la más infinitesimal duda sobre si existe algo que le impide romper con ETA».
LAS «EXIGENCIAS» DE LA «RUPTURA»
Que quede absolutamente claro que el Gobierno toma medidas para impedir que un solo rostro de los terroristas se presente a las elecciones de mayo
Que se acabe con la normalización de la ilegalizada Batasuna en la vida pública, y se prohíban las ruedas de prensa
Que se asegure que jamás se va a constituir una mesa extraparlamentaria de partidos en la que se trate de la anexión de Navarra al País Vasco
Que se ponga fin a la 'doctrina Conde-Pumpido' y se dé orden expresa al fiscal general de dar un giro de 180 grados a su política