A lo largo de este proceso se ha acabado por asegurar en privado por parte de algunos miembros del Gobierno que el tope para romperlo no eran -necesariamente y como se afirmaba públicamente-, las demostraciones de violencia como el terrorismo callejero o la extorsión a los empresarios, sino la existencia de lo que cruelmente se denomina «un muerto encima de la mesa». En esta ocasión, puede que estemos ante el asesinato de dos personas, pero aún así, el presidente Rodríguez Zapatero eludió dar por finalizado el asunto públicamente y, en sintonía con esta actitud, quienes han estado durante meses cocinando la negociación, horas después del atentado no rechazaban la posibilidad de que los intermediarios del Ejecutivo se volvieran a sentar con los dirigentes de ETA si ésta cumpliese las condiciones arriba señaladas. Huelga decir que, dadas las circunstancias, tienen pocas o nulas esperanzas de que esto se produzca pero esta postura es indicativa de cómo se ha conducido el proceso.

«DECISION TOMADA»

Poco después de ganar las elecciones, el Ejecutivo recibió dos mensajes por parte de ETA y su entorno: el de que los terroristas querían «dejarlo» y la decisión estaba «tomada» -miembros de Batasuna como la abogada Jone Goirizelaia lo hicieron llegar así a algunos dirigentes del PSE y el mensaje fue ratificado posteriormente por otras vías-; y el de que Batasuna, ilegalizada, «quería hacer política». Con esas declaraciones de intenciones, la información proporcionada por los encuentros que durante cinco años estuvieron manteniendo el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y Otegi, Barrena y Díez Usabiaga, y los contactos extraoficiales con Josu Ternera, el Ejecutivo optó por realizar una lectura «posibilista» de comunicados y hechos que en otras circunstancias hubiesen encendido las alarmas.

Se obviaba de este modo una norma extraída de la experiencia de años de lucha contra ETA, cual era que la banda siempre cumple lo que escribe «negro sobre blanco». Pero también es cierto que la organización terrorista se encontraba en una situación de debilidad sin precedentes y que, en ese caso, cabía la posibilidad, o así lo creyó el Gobierno, de que sus posiciones de dureza fuesen mensajes de consumo interno y un modo desesperado de demostrar que no quería dar la apariencia de estar derrotada. Una postura que encontró acomodo en la predisposición del Ejecutivo de hacer prevalecer la consecución de la paz a la escenificación del fin del terrorismo con una imagen en la que hubiera «vencedores y vencidos».

Tal ha venido siendo la propensión a realizar lecturas optimistas de lo que dijera ETA, que tras el acto de Anoeta en el que la izquierda abertzale pidió la creación de dos mesas como medio para «resolver el conflicto», la banda hizo público un comunicado asegurando que, aunque veía «con buenos ojos» la propuesta, «mientras el pueblo vasco no obtenga los derechos que le pertenecen, la lucha armada no tendrá fin», y esta intervención fue entendida, sin asomo de duda, como un paso positivo.

Lo mismo ocurrió tras la proclamación de la tregua. Los comunicados en los que la banda aseguraba que el Gobierno estaba incurriendo en el «incumplimiento de lo acordado»; en los que advertía de que su «respuesta» iba a ser acorde con el nivel de «represión» del Estado; en los que -como el fechado a mediados de agosto- sostenía que la situación era «crítica» si no se alcanzaban acuerdos políticos sobre territorialidad y autodeterminación, o el Zutabe 111 en el que se daba de plazo hasta mediados de diciembre para cerrar la mesa de partidos, fueron leídos como textos para consumo de sus bases.

Probablemente porque en las reuniones preparatorias de la tregua, ETA, según los negociadores, admitió la renuncia a la consecución de la autodeterminación y a la territorialidad y se conformó con una metodología para conseguirlas en caso de que el resto de los interlocutores políticos avalasen estas peticiones.

Seguramente, ETA ha incumplido la palabra que dio cuando estaba debilitada, pero puede que no haya contribuido a que la conservara el hecho de que, cada vez que se saltaba las condiciones de verificación y se comprobaba que estaba tras la violencia callejera o tras el cobro de la extorsión, el Gobierno mirase hacia otro lado con tal de garantizar la pervivencia del proceso. Siempre confiando en la información de la que disponía el presidente y de la que carecía el resto de los ciudadanos.

Cuando fue incendiada la ferretería de un concejal de UPN en Barañain, se urdió una historia de enfrentamientos del propietario con determinado sector del barrio y, finalmente, se exculpó a ETA, dándole la razón cuando la banda aseguró en Gara que la violencia callejera no era terrorismo sino una manifestación de la rebeldía de la ciudadanía contra la opresión. Respecto a la extorsión, determinados responsables políticos, en privado, llegaron a teorizar sobre que era el único modo de financiar el futuro de los militantes cuando querían dejar su actividad.

'TERNERA' PIERDE PODER

El modo de procesar los datos que se iban sucediendo tampoco ha resultado precisamente desapasionado por parte del Gobierno. En mayo del pasado año, este periódico [EL MUNDO, 22-5-2006] publicó que el aparato militar de ETA había dado un plazo al político «para confirmar la verdadera voluntad del Ejecutivo de cumplir los compromisos que había asumido». Según los datos recabados, el sector liderado por Txerokee dio un tiempo de tres o cuatro meses a Josu Ternera, el posibilista, «para conseguir que se sustanciasen los progresos» y envió mensajes a los dirigentes de Batasuna «en los que se les recordaba de manera expresa que el alto el fuego no es un hecho irreversible».

En agosto (21-8), se advertía de que Mikel Zubimendi lideraba un sector más radical dentro de la Mesa Nacional de Batasuna que estaba impidiendo al encabezado por Otegi, teóricamente más negociador, que tomase iniciativas como la legalización de la citada formación.

En septiembre (13-9), quedó plasmado que los altos mandos de la Ertzaintza habían pedido a sus agentes de manera literal que se «aten los machos porque puede que el alto el fuego de ETA se vea frustrado a no mucho tardar».

Poco después (24-9), se supo que la dirección de Batasuna había consensuado con ETA que no se daría un paso en la mesa técnica con el Gobierno hasta que se obtuvieran las garantías de que la formación iba a ser legalizada. Se advertía que «los meses de octubre y de noviembre van a ser básicos para establecer si el proceso tiene posibilidades de prosperar o se ve interrumpido».

Hacia principios de octubre (1-10), un sector de las Fuerzas de Seguridad sostenía que en la cúpula de ETA se había producido un «reequilibrio de poderes» y que Ternera había «perdido autoridad» frente a quienes consideraban «que la estrategia de negociación de la banda ha de ser más contundente con el Estado» y se había visto obligado a consensuar su postura.

Un mes más tarde (30-10), trascendió que ETA había dado hasta principios de noviembre para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, un plazo que se vio modificado en un par de ocasiones hasta quedar fijado en el Zutabe 111 -un texto demoledor- en el que la banda advierte de que, al finalizar otoño, se tiene que haber llegado a alguna conclusión.

Después de esto, un sector de ETA apostó por atentar en Francia. Algunos documentos policiales a los que tuvo acceso este periódico (3-12) señalaban el temor de los agentes galos a que la banda atentase a principios de enero y se supo que las bases de Batasuna (17-12) habían estado debatiendo sobre la conveniencia de suspender la tregua. Cabe añadir los informes de la Gendarmería en declaraciones ante la Audiencia Nacional asegurando que la banda se estaba reorganizando.

Casi cada una de estas informaciones fue minimizada, cuestionada o matizada en privado por miembros del Gobierno. Uno de los ejemplos lo constituye las declaraciones realizadas el pasado día 24 de diciembre por el responsable de Policía Joan Mesquida quien, tras el hallazgo de un zulo con 50 kilos de explosivos en Amorebieta, sostuvo que no tenía datos para pensar que ETA se estuviese rearmando.

ELEMENTOS CORRECTORES

El hecho es que son elementos que procedían de las Fuerzas de Seguridad y que fueron orillados por el Gobierno por tres razones comprensibles. Es cierto que no era extraño encontrar informes contradictorios entre los distintos Cuerpos; el Ejecutivo considera que al elaborar sus datos, los agentes también introducían parte de su subjetividad, y, además, no tenían todos los elementos en su poder: carecían de la información proporcionada por las reuniones con Josu Ternera. Por eso, para realizar su diagnóstico, introducía sus elementos correctores.

Lo que ocurre es que, mientras tanto, el funcionamiento de algunos sectores se vio trastocado en mayor o menor medida. El ministro del Interior aseguró en su comparecencia tras el atentado que no se había movido un agente de la lucha antiterrorista. No ha sido exactamente así durante toda la tregua. Sin ir más lejos, la brigada destinada en Francia se vio reducida a 20 miembros. Y este problema no quedó subsanado hasta que llegó el actual comisario general de Información, Miguel Valverde, y sustituyó a Telesforo Rubio, un responsable policial sin experiencia en antiterrorismo que gastaba demasiado tiempo en intentar averiguar quién filtraba a la prensa.

Bajo ningún concepto hubo orden de no realizar detenciones o investigaciones, pero la actitud optimista de los políticos ante la tregua y la escasa receptividad ante los informes contrarios a ésta influyeron en los agentes. En el caso de la violencia callejera, por ejemplo, cuyos protagonistas se renuevan cada seis meses, hubo un periodo en el que el no actuar como se había estado haciendo hasta ese momento perjudicó la obtención de información. De hecho, hasta que se renovó la cúpula policial, no hubo un máximo responsable de este sector que diera la orden de retomar con igual brío las investigaciones.

La tesis del Gobierno era: «La decisión de dejarlo está tomada pero, en todo caso, los etarras saben que si se ven tentados a perpetrar un atentado para conseguir determinados objetivos, sus aparatos serán desmantelados en breve; sus propias bases no lo entenderán y siempre les han castigado cuando han roto una tregua -la última vez Batasuna vio cómo sus escaños quedaban reducidos a la mitad-; la izquierda abertzale quedará automáticamente desmantelada porque sus dirigentes, con varios procedimientos judiciales abiertos, ingresarán en prisión en un corto espacio de tiempo; saben que no pueden ir a las elecciones y que pueden quedar en la indigencia política y económica más absolutas; que dan la razón al PP, y que, además, el descrédito internacional que cosecharán es inasumible».

Hubo un elemento que no se tuvo en cuenta y es el de que ETA en muchas ocasiones anteriores ha aplicado el cuanto peor, mejor, y no ha atendido a ese tipo de sutilezas. Y la posibilidad del engaño: este mismo mes hubo una reunión entre enviados del Gobierno y de la banda de la que los primeros dedujeron que la tregua no se iba a romper.

El balance parcial de este intento por encontrar una solución -«había una posibilidad y teníamos que aprovecharla», según los socialistas- tiene varias aristas: se ha aceptado el tutelaje de ETA en cuestiones políticas al asumir su esquema de las dos mesas en paralelo; se han negociado asuntos políticos en foros extraparlamentarios con una formación ilegalizada, el PCTV, que está en las instituciones sin condenar a ETA; el pacto antiterrorista ha quedado roto; la banda ha podido reorganizarse operativamente, y el sector de la sociedad vasca que consideraba que lo que subyace en el terrorismo es un problema político y que no está claro si aquí hay buenos y malos, ha visto legitimadas sus tesis.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

El Gobierno consideró que no era posible que ETA dejase de matar si se le exigía su disolución antes de negociar con ella. El criterio fue tratar de evitar que hubiera un muerto más ahora que la banda era consciente de su debilidad, aunque el precio fuera ceder en «cuestiones de procedimiento». Se pensó que en esta ocasión no se iba a cumplir el principio que tantos años costó aprender: cada vez que se le ha tendido la mano a ETA, ésta la ha devuelto prolongando su actividad. A largo plazo, el balance puede ser finalmente distinto, puede que la izquierda abertzale quede perjudicada por este desenlace y que reaccione por razones de supervivencia. Por el momento, la táctica del diálogo, administrado como se ha hecho, ha obtenido un resultado no mejor que el que los posibilistas le dan a la solución policial: un atentado brutal con dos desaparecidos. Igual conviene cambiar de estrategia.

Batasuna ha aprovechado cada ocasión de supuesta crisis para escenificar un tanto a su favor. Esta reunión pública entre los dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, y los negociadores radicales fue convocada urgentemente después de que los jueces llamaran a declarar a varios miembros de la Mesa Nacional.

El 29 de junio, el presidente del Gobierno compareció ante los periodistas en el Congreso para dar por «verificado» el alto el fuego y, con ello, la voluntad de ETA de emprender el proceso. El siguiente paso era la reunión entre el Ejecutivo y la banda, prevista para agosto pero que nunca se produjo.