Esta medida, que entró en vigor con el inicio de año, va a suponer un ahorro de tiempo, dinero y papel. En este sentido, y según los cálculos de la UE sobre el coste de los trámites oficiales, la eliminación de estos dos documentos permitirá que los ciudadanos se ahorren en conjunto cerca de siete millones de horas en sus gestiones con la Administración central.

La iniciativa avanza uno de los preceptos contenidos en el proyecto de Ley para el Acceso de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, en el que se establece que no se pedirá a los ciudadanos documentos que ya obren en poder de las propias instituciones públicas.

A partir de ahora, será el departamento ante el que se solicite el trámite el que se encargue de comprobar, de oficio, la identidad del interesado.

Esta consulta se realizará accediendo bien a la base de datos de la Policía -tras obtener la autorización del ciudadano- para confirmar la identidad, bien a la base de datos del Instituto Nacional de Empleo (INE) para validar el domicilio.

En caso de que el interesado no dé su consentimiento a esa consulta, deberá aportar su correspondiente documentación en papel.

Las primeras comunidades autónomas que han pedido a la Administración General del Estado poder utilizar este sistema de verificación de datos son Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, según informa Efe.