El líder de la organización paramilitar argentina Rodolfo Eduardo Almirón Sena podría haber pasado los últimos 22 años en una prisión de su país si el Gobierno español de la época, el primero de Felipe González, hubiera tramitado la orden de detención y extradición emitido por el juzgado federal correccional número 10 de Buenos Aires en 1984.
Almirón ha vivido tranquilamente en España durante los últimos 22 años, según la versión oficial, gracias a un error administrativo. Según ese relato de los hechos, la petición de la Justicia argentina pedía el arresto y la extradición de Luis Eduardo Almirón Sena.
El dirigente de la Triple A -la organización paramilitar organizada por el Estado argentino durante los dos últimos años del Gobierno de María Estela (Isabelita) Martínez de Perón, y a la que se atribuyen más de 1.500 asesinatos- responde, en realidad, al nombre de Rodolfo Eduardo Almirón Sena.
Las fuentes consultadas entre las diferentes organizaciones que ejercen la acusación contra el Estado argentino por los crímenes de la Triple A aseguran que esa versión oficial es naïf y no se sostiene desde punto de vista alguno. En primer lugar, porque aunque fuera cierto que la orden hubiera llegado a España con el nombre de pila equivocado, Almirón era suficientemente conocido en España como para que los ministerios de Justicia e Interior supieran a quién se refería.
Almirón figura en la lista de mercenarios extranjeros identificados por el general Sáenz de Santamaría que participaron en los trágicos acontecimientos de Montejurra el 9 de mayo de 1976. Una concentración convocada por el legítimo aspirante carlista al trono de España, el infante Carlos Hugo, acabó en un brutal tiroteo que se cobró la vida de dos jóvenes participantes en la concentración e hirió a otros 40. Sáenz de Santamaría implicaba a los servicios secretos del Estado en aquellos acontecimientos, y contaron con la colaboración de diversas organizaciones internacionales de ultraderecha. Entre ellas la logia masónica Propaganda Due, de Licio Gelli, a la que pertenecía el protector de Almirón, el ex superministro de Isabelita Perón José López Rega, y al que Almirón siguió a España en 1975, un año antes del golpe.
Para colmo, el semanario Cambio 16 reveló en 1983 el oscuro pasado de Almirón, que en aquel momento ejercía como jefe de seguridad del jefe de la oposición Manuel Fraga, en unos reportajes a los que, según la esposa de Almirón, Ana María Gil, «La Moncloa no era ajena». Almirón dimitió para no perjudicar al partido, Alianza Popular, entonces.
Pero fuentes militares aseguran que el ex policía bonaerense, que está acusado de cuatro asesinatos por su propia mano entre 1974 y 1976, siguió trabajando tras el escándalo tanto para Fraga como para determinados sectores del aparato del Estado. De hecho, algunas fuentes le relacionan con el Batallón Vasco Español, el precedente de los GAL. Y poco antes de empezar a trabajar para Fraga, según su testimonio, Almirón adiestró al personal de seguridad del PSOE, incluido el chófer de Felipe González.
La estoica lealtad de soldado de Almirón no es la misma que tiene su mujer. Asegura Ana María Gil que el supuesto terrorista tuvo acceso a secretos «muy íntimos» de Manuel Fraga, que dijo que sólo revelaría en la prensa rosa y por dinero. En cualquier caso, su invisibilidad, hasta que EL MUNDO le localizó hace unas semanas, convenía a demasiada gente.
