El Gobierno iraquí intentó ayer poner freno al escándalo y a la oleada de protestas que ha desatado la controvertida ejecución de Sadam Husein ordenando una investigación oficial para «castigar» a quienes grabaron el ajusticiamiento y a quienes se propasaron con el reo en los últimos segundos de su vida. «Unos pocos guardias lanzaron mensajes inapropiados y eso es ahora el objetivo de una investigación gubernamental», declaró Sami Askari.
Según Askari, uno de los principales asistentes del primer ministro Nuri Maliki y testigo también del polémico ajusticiamiento, la intención es no sólo identificar a los milicianos que alabaron el nombre de Muqtada al Sadr -el conocido clérigo chií rebelde-, sino saber quién entró en la sala con un teléfono móvil equipado con cámara de vídeo y plasmó lo ocurrido.
La indagación oficial podría incluso ahondar la monumental gresca por cuanto otro personaje presente en el patíbulo, el fiscal Munqith al Faroon, acusó a «dos altos cargos» -uno de ellos miembro del Ejecutivo- de ser las personas que grabaron lo acaecido. «Fueron ellos los que filmaron el ahorcamiento pese a que todas las medidas de seguridad prohíben tal comportamiento», aclaró.
Al Faroon fue uno de los pocos asistentes que intentaron reconducir la batahola en la que se convirtió la ejecución, que concluyó entre insultos, cánticos políticos y empujones. Un espectáculo muy lejano al que intentó reflejar la televisión pública, que no emitió ninguna de esas escenas.
Según Faroon, en un momento dado él mismo amenazó con abandonar el lugar si aquel desbarajuste continuaba, lo cual -en teoría- hubiera paralizado la ejecución. «Intenté y casi les pedí mendigando que acabaran con todas esas violaciones [de la normativa]. Incluso amenacé con irme, pero el caos se impuso», añadió Faroon.
El propio resultado de la indagación oficial resulta incluso cuestionable en tanto que los protagonistas del griterío no son otros que los seguidores del principal sustento político de Maliki, Muqtada al Sadr.
El citado Askari reconoció que lo ocurrido «ha dañado la imagen de los sadaristas [apodo de los simpatizantes del religioso chií]». «No debería haber ocurrido. Habíamos acordado que nadie entraría con teléfonos móviles», indicó. El mismo ministro de Justicia en ejercicio, Khodeir al Khozai, admitió que grabar la ejecución fue algo «ilegal» pero lo achacó a los funcionarios de la prisión donde se aplicó la sentencia.
El alborotado escenario contrasta con la rigidez que se aplicó durante el juicio de Sadam a periodistas y abogados de los reos. Los informadores no podían ni acudir con una libreta o un lápiz, los cuales recibían de los responsables del tribunal. Para colmo, parece que la premura con la que se decidió ajusticiar a Sadam Husein podría además haber quebrantado un número incontable de leyes locales.
En principio se dijo que la sentencia requería de la firma del presidente, Jalal Talabani, pero este indicó que «nadie» le informó de lo que iba a ocurrir.
Después, y como denunció el juez Rizgar Mohamed Amin, «la ejecución no se debía haber realizado en la fiesta de el Eid. Es ilegal de acuerdo a la normativa del tribunal [que lo condenó]... También contradice la costumbre iraquí e islámica y el código criminal, que estipula que no se pueden implementar sentencias durante fiestas oficiales o religiosas». Amin fue el magistrado que lideró el caso contra Sadam hasta que se vio forzado a dimitir por presiones políticas.
Las repercusiones del ajusticiamiento estriban no sólo en la mera disputa política, sino en una creciente tensión sectaria en el país, que se añade a la que ya alienta la terrible guerra civil que sufre la nación árabe desde hace casi dos años.
Repentinamente, la figura de Husein -un dictador que no gozaba de excesivo crédito entre sus conciudadanos ante los excesos evidentes que protagonizó- se ha erigido en referente de miles de suníes, que no sólo continuaron peregrinando durante la jornada a su tumba en Tikrit, sino que extendieron sus protestas a otras localidades del país.
El lunes en Samarra una turba indignada llegó a forzar el acceso a la sagrada mezquita chií de la Cúpula Dorada irrumpiendo en el lugar con un féretro que parecía ser el del difunto Sadam, que pasearon por el interior. Precisamente un atentado contra ese recinto religioso el 22 de febrero de 2006 propició otra oleada de asesinatos sectarios y venganzas entre suníes y chiíes.
El desconcierto del gabinete liderado por Maliki es tal que el lunes ordenaron el cierre de las oficinas del canal de televisión privado Al Sharqiya -precisamente al considerar que su cobertura de la ejecución de Husein «incitaba a la violencia sectaria»-, olvidando que la citada emisora clausuró sus instalaciones hace tres meses a causa de las amenazas que ya había recibido por parte de la policía.
«Sí, la policía se presentó en nuestras antiguas oficinas y estudios pensando que todavía quedaba alguien allí, pero todo se trasladó a Dubai [Emiratos Arabes Unidos] hace tres meses. Todos los programas se hacen allí. Los que estamos aquí sólo nos encargamos de papeleo y burocracia. Aquí no tenemos ni periodistas. Las imágenes nos llegan por medio de agencias», explicó a EL MUNDO uno de los principales cargos de Al Sharqiya en Irak, que no quiso dar su nombre «por miedo a las represalias».
Al Sharqiya es una de las emisoras más reputadas de Irak, propiedad del magnate Saad al Bazaz, un antiguo exiliado que también es propietario del principal diario del país, Azzaman.
Numerosos políticos chiíes han acusado al canal de TV de mostrar una filiación suní y cercana al anterior régimen. «En los últimos tres días si usted vio el canal pudo apreciar que están empujando a la gente hacia la violencia y una creciente tensión sectaria», declaró el brigadier Abdul Karim Khalaf, portavoz del Ministerio del Interior. «El problema es que no les gustó que llamásemos a Sadam ex presidente, pero somos objetivos y Sadam fue el presidente de Irak, así que lo lógico es llamarle ex presidente. Ni le alabamos ni le insultamos», afirmó por su parte el representante de Sharqiya.
