El sindicato catalán llevará su propuesta a las próximas negociaciones colectivas y, si bien no persigue alcanzar el objetivo de forma inmediata, sí que considera plausible conseguirlo paulatinamente, en un plazo de cuatro años. La idea llega en pleno apogeo de las elecciones sindicales en Cataluña, justo cuando queda pendiente la elección de delegados sindicales en algunas de las empresas de la distribución, uno de los sectores más afectados por la medida. Alvarez aseguró ayer que hará llegar su propuesta a su homólogo en Comisiones Obreras, Joan Coscubiela, y que no persigue crear confrontación con ésta.

La propuesta de UGT representa un salto cuantitativo importante respecto al salario mínimo interprofesional (SMI), fijado por el Gobierno central en 570,7 euros mensuales para este año. Pese a ese gradiente, Alvarez consideró ayer que su propuesta, restringida a Cataluña, no rompe el Acuerdo Interconfederal que centrales y patronal firmaron con el intento explícito de enfriar la presión sobre los costes salariales en Cataluña. La propuesta tampoco sobrepasará en ningún caso los límites geográficos de Cataluña.

Alvarez pretende que su propuesta consiga almenos la misma repercusión en cuanto a debate que generó la implantación de la jornada laboral de 35 horas y remarcó ayer que es más fácil conseguir la implantación de la medida. Según los datos esgrimidos por el máximo responsable de la central ugetista, alrededor de 300.000 trabajadores catalanes -sobre los 1,7 millones totales regidos laboralmente por un acuerdo colectivo- están protegidos por convenios que fijan un salario mínimo inferior a los 1.000 euros ahora reclamados. En algunos casos del sector del comercio, esa nómina cae hasta los 599 euros mensuales, si bien el promedio de los peor pagados se eleva a 780 euros.

La propuesta de UGT se enmarca en sus deseos para 2007, que llevará al consejo nacional que celebrará el próximo mes de febrero.Es una de las medidas encajadas en la persecución del trabajo estable y no precario en el conjunto de Cataluña.

Alvarez también anunció presiones sobre el Govern para que cumpla su promesa para construir 50.000 viviendas de protección oficial.Tras criticar tanto la medida que prolongará hasta los 90 años la imposibilidad de desafectar viviendas de promoción oficial y calificar de «humo» la posible expropiación de viviendas vacías, el dirigente sindical apostó por que se impulse sobre todo la vivienda protegida de alquiler, y sin los límites temporales de cinco años que están utilizando los municipios. En opinión de Alvarez, esa fórmula limitada en el tiempo y no provoca otra cosa que incentivar el mercado de compra. Las rentas que los inquilinos deberían pagar en las zonas donde existe más demanda tendría que oscilar entre los 300 y los 350 euros.

Otra de las demandas de UGT es ampliar el cuerpo de inspectores de trabajo hasta triplicar su número, para converger con las estadísticas de los países de la Unión Europea de los Quince, los más desarrollados de la comunidad.