En cumplimiento de una orden de desalojo abierta de los juzgados de primera instancia 2 y 3 de Barcelona, la Policía autonómica entró sobre las 8 horas en las viviendas situadas entre los números 34 y 56 de la calle Segre y desalojó a sus habitantes, que dispusieron de alrededor de una hora para abandonar los edificios.

Entre la setentena de desalojados había numerosas familias de origen rumano y magrebí y una veintena de menores de todas las edades. Los Mossos d'Esquadra trasladaron a comisaría a 10 personas para su identificación, por no tener documentos que les acreditaran, y detuvieron a una persona que estaba reclamada por robo.

El inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Rodón aseguró que durante el desalojo no se produjo ningún incidente y que los Servicios Sociales del distrito de Sant Andreu proporcionarían asistencia a las personas que residían en las viviendas, la mayoría de ellas «de pocos recursos».

Sobre las 11.45 horas, las excavadoras iniciaron el derribo del primer inmueble, situado justo en el centro del tramo de la calle Segre comprendido entre las calles Sant Adrià y Parellada y en cuyo interior, a medida que las máquinas trabajaban, quedaban a la vista ordenadores y otros objetos personales.

La mayoría de los edificios, antiguas residencias de trabajadores de la fábrica textil, se encontraban en muy mal estado, con boquetes, paredes semiderruidas, pintadas y lonas verdes para evitar que los desprendimientos de piedra de las fachadas cayeran sobre los transeúntes, según informa Europa Press.

La Policía autonómica cortó al tráfico y acordonó la calle Segre entre Sant Adrià y Perellada, en cuyos extremos se agrupaban vecinos, curiosos y algunos de los desalojados, sobre todo los pocos miembros del movimiento okupa que vivían aún en la zona, en la que hasta hace un año estaba en marcha un kasal okupado.

La concejal de Sant Andreu, Sara Jaurrieta, aseguró que se ha ofrecido asistencia social a todas las familias desalojadas, pero que sólo una ha aceptado.