El Gobierno socialista, según han señalado fuentes jurídicas a El MUNDO, ya le ha reclamado a la aerolínea el pago íntegro de la cuantía invertida para hacerse cargo de algunos de los pasajeros que dejó en tierra en diversos aeropuertos en los que operaba. Air Madrid, ahora, tiene de plazo hasta el próximo día 8 para hacer frente a sus compromisos de forma voluntaria.

En caso contrario, el Ministerio de Fomento abrirá un procedimiento de apremio para solicitar el embargo de sus bienes y cobrarse la deuda, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

La Administración, en estas circunstancias, tiene prioridad frente a otros acreedores y las vías que puede utilizar para reclamar son mucho más ágiles.

Mientras tanto, los afectados que esperan recibir las indemnizaciones correspondientes por la cancelación de las operaciones de Air Madrid quedan en manos de la decisión que tome el juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid. Su titular tiene que decidir si admite a trámite el concurso voluntario (suspensión de pagos) solicitado por la empresa. Fuentes jurídicas consultadas por Efe han indicado que la resolución se ha pospuesto, «salvo sorpresa», hasta después de Reyes.

Si el juez admitiera la petición y reconociera la insolvencia de la firma, se nombrarían a unos administradores concursales para hacerse cargo de la firma. Pero al tratarse de concurso voluntario, los actuales gerentes podrían mantenerse y participar en la gestión, tal y como establece la nueva Ley Concursal.

Los directivos de Air Madrid acompañaron en su solicitud de concurso voluntario las cuentas del ejercicio de 2005. Y aunque admiten que la empresa aún no está en quiebra, alegan que los acontecimientos le abocan a una «insolvencia futura», según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proceso.

El procedimiento judicial, sin embargo, es todavía más complejo. Antes de que Air Madrid pidiera el concurso voluntario, el despacho Iure Madrid- en representación de unos 20 damnificados por el cierre de la aerolínea- se adelantó en los juzgados solicitando el concurso necesario. Frente al proceso solicitado por la compañía, este último deja poco margen de maniobra para los actuales gestores.

En contra de las alegaciones de los directivos de la sociedad, los letrados de Iure consideran que la empresa es insolvente a la vista de la contabilidad de la compañía correspondiente al ejercicio de 2004 y que, por cierto, es la última que aparece en el registro.

La empresa ya se ha opuesto al concurso necesario, pero los abogados que representan a los afectados confían en que el magistrado «dé prioridad» a la solicitud de éstos, al haberse anticipado a la de la línea aérea presidida por José Luis Carrillo.

Según los datos facilitados por la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, en su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, Air Madrid no estaría en quiebra. Alvarez desveló que Carrillo, cuando se hizo hace poco más de año y medio con la totalidad de las acciones de la empresa, acordó ampliar el capital social de la firma hasta los 12 millones de euros. La titular de Fomento apuntó, además, que en el año 2005 Air Madrid registró unos ingresos de 85 millones de euros y tuvo unos gastos de 82 millones.

Dependiendo de la evolución del procedimiento, Carrillo se podría encontrar con que los jueces le forzaran a responder con su patrimonio personal de las compensaciones económicas que tiene pendientes.

Mientras, el dueño de Air Madrid continúa buscando a la desesperada que alguna de las empresas del sector aéreo que han mostrado su intención en comprar su compañía lo haga efectivo, según indicaron a Efe fuentes próximas de la empresa. Sin embargo, algunas se empiezan a descolgar. Sirva de ejemplo que LTU, interesado en la aerolínea, descartó la posible adquisición la semana pasada.

La venta de lo poco que queda del negocio sería la salida más digna para José Luis Carrillo y la única fórmula para recuperar un pellizco de su inversión. Sin embargo, la operación pinta más que complicada. La empresa no cuenta prácticamente con activos, ya que incluso ha perdido sus aviones, con los que operaba en régimen de renting.

El único atractivo para los posibles compradores de la compañía serían los slots (derechos de vuelo) con los que hasta el momento de la suspensión de actividad contaba la aerolínea. Pero, en su contra, el futuro propietario, si llega a haberlo, tendría que hacer frente a su abultado pasivo y hacerse cargo de las cantidades que reclama Fomento, clientes y proveedores.

Hace sólo unos meses, el empresario mallorquín llegó a pedir hasta 120 millones de euros por el total de las acciones de la empresa. En ese momento, Carrillo no encontró a ninguna firma interesada en hacerse con el control de su negocio aéreo.