El malestar es más que palpable en la sede madrileña de Enagás. El grupo que gestiona todos los gasoductos españoles vivió ayer una de sus peores jornadas bursátiles desde que saltó al parqué, en junio de 2002. La acción no sólo tuvo que encajar una inesperada revisión del marco retributivo para 2007. Durante toda la sesión, se dispararon los rumores que apuntan a la inminente destitución del presidente de la compañía, Antonio González-Adalid.
Fuentes cercanas a la empresa, cuyo accionariado está fragmentado en participaciones idénticas del 5%, denunciaron ayer la actitud intervencionista del Gobierno. Primero, por diseñar un nuevo marco regulatorio sin contar con la opinión del gestor del sistema gasista y -según denunció Enagás el pasado martes- «sin haber existido un proceso de debate previo entre las distintas partes implicadas». Pero, sobre todo, por presionar con la amenaza del relevo en la presidencia de la compañía, cuyo capital es totalmente privado.
La incertidumbre sobre el futuro del grupo provocó ayer el desplome de las acciones en Bolsa. Enagás sufrió la mayor caída del Ibex 35, un 5,6%. Los títulos de la empresa logística acumulan una bajada del 17% desde que el Ministerio de Industria aprobó la nueva normativa, a mediados del pasado diciembre. En su descenso en picado, la compañía arrastró a su homólogo en el negocio del kilovatio, Red Eléctrica de España (REE), eterno candidato a la fusión con Enagás.
El rumor sobre la salida de González-Adalid lleva instalado varias semanas en el parqué bursátil. Ayer, Cinco Días aseguraba, citando fuentes del Gobierno, que el relevo podría acordarse en la próxima reunión del consejo de administración, previsto para el próximo día 24.
Fuentes próximas al consejo mostraban ayer su disgusto por los mensajes que está lanzando el Ejecutivo. Según explican, el Gobierno está equiparando a Enagás con Red Eléctrica de España (REE) para justificar el hipotético cambio en la presidencia.
Tras ganar las últimas elecciones, el Gobierno impulsó el nombramiento de Luis Atienza como presidente de REE, en sustitución de Pedro Mielgo. Por su parte, Antonio González-Adalid procede de las filas de Repsol YPF (a su vez, principal accionista de Gas Natural) y aterrizó en la presidencia de Enagás con el impulso de Alfonso Cortina. El ex presidente de la petrolera llegó al cargo de la mano del PP y fue sustituido por Antoni Brufau siete meses después de la victoria del PSOE en las elecciones generales de marzo de 2004.
Ni REE ni Enagás operan en régimen de competencia y sus ingresos están regulados por el Estado. No obstante, la primera está participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y la segunda, no. «La diferencia entre las dos compañías es que en el accionariado de Enagás no hay presencia de capital público», recuerdan las mismas fuentes. «Y ningún Gobierno puede cesar al presidente de una empresa privada», añaden.
En efecto, el Ejecutivo tiene representación directa en el consejo de REE. La Sepi cuenta con la participación de control, un 20%, justo el doble de la que poseen en conjunto el resto de accionistas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo suman un 10%). Por tanto, tiene todo el poder para sacar adelante cualquier nombramiento en la cúpula directiva.
La situación es muy diferente en Enagás. Desde su nacimiento, la compañía ha estado controlada en solitario por Gas Natural. Para impulsar la apertura del mercado gasista, el Estado obligó al grupo catalán a sacar su filial a Bolsa. Más tarde, limitó al 5% las participaciones en el capital de las empresas energéticas. En la actualidad, el 30% de Enagás está en manos de seis compañías: Gas Natural, BP, Bancaja, Cajastur, CAM y Sagane (sociedad compuesta por Caja Murcia, Caja Castilla La Mancha y Caja Granada). El resto de las acciones cotiza en Bolsa.
El Ejecutivo carece de potestad para relevar a González Adalid. Sin embargo, tiene un enorme poder de influencia sobre los accionistas de Enagás. El Ministerio de Industria es quien decide la retribución de la compañía. Enagás cobra por la utilización de la red de transporte y almacenamiento, y los peajes dependen directamente de la Administración.
Hasta el momento, los mercados han respaldado la gestión de González Adalid. Desde la Oferta Pública de Venta (OPV), la empresa acumula una subida en Bolsa del 161%. En contra del presidente de Enagás juega la falta de apoyo de algunos círculos del Gobierno socialista, que prefieren un ejecutivo de mayor confianza -al igual que Atienza en REE- al frente de una compañía decisiva para el abastecimiento energético.