El director del Consorcio, Ignacio Marchetti, estimó ayer en 30 millones de euros el coste de los daños materiales producidos en el aparcamiento del aeropuerto, a lo que hay que añadir otros cinco millones para indemnizar a los dueños de los vehículos aparcados en la instalación. De estos últimos, se estima que unos 600 pueden estar en situación de siniestro total y un millar adicional con daños leves.

El Consorcio -adscrito al Ministerio de Economía- se financia principalmente con una porción de las primas de seguro que se pagan en España y usa ese fondo de reserva para la cobertura de daños de catástrofes como inundaciones o actos terroristas. Libera así a las compañías de seguros de eventos imprevistos de gran impacto económico.

Nunca ETA había producido tal daño en las cuentas del Consorcio, que ha destinado 423 millones de euros a paliar el fenómeno terrorista desde 1971. De esa cantidad, 65,6 millones de euros se dedicaron a los daños a personas, mientras que 358,08 millones fueron para damnificar a los propietarios de bienes.

Hay que remontarse a las 3.34 horas de la madrugada del domingo 18 de abril de 1982 cuando seis bombas de carga plástica, con una cantidad cercana a los 170 kilogramos de Goma 2, estallaron en distintas plantas del edificio de la Compañía Telefónica de la calle de Ríos Rosas de Madrid.

Las explosiones, prácticamente simultáneas, no produjeron víctimas mortales, pero sí un enorme destrozo en el edificio y la incomunicación de 700.000 clientes madrileños de Telefónica.

Riadas en el País Vasco

El mes de abril de 1982 fue negro para el Consorcio, porque, además, un grupo islamista colocó dos bombas el día 14 de ese mes. La primera explosión se registró en la plaza de España, en la sede de la compañía aérea jordana Alia. Pocos minutos después hacía explosión otro artefacto a la altura del número 21 de la calle de Alcalá, en la sede de la agencia turística Egypt Tours.

El conjunto de ambos atentados supuso un coste de 40 millones de euros al Consorcio, pero ninguno de ellos superó individualmente al de la T-4. El acto terrorista más costoso para el Consorcio sigue siendo el del 11-M, que ha supuesto 38 millones de euros. Y podría haber sido mayor si Renfe hubiera tenido póliza de seguro en vigor en los trenes. El Consorcio sólo responde cuando los que reclaman cuentan con la documentación en regla. Eso implica que no habrá indemnización del Consorcio para los vehículos que sólo tuvieran seguro frente a terceros -el mínimo posible-.

No obstante, según Marchetti, el Ministerio de Interior cuenta, por su parte, para estos casos con un fondo que puede cubrir hasta 21.000 euros de reparaciones. Por otro lado, los conductores que carecieran de seguros no tendrán derecho a indemnizaciones.

Para los que sí tienen derecho, fuentes del Consorcio explicaron a Europa Press que los afectados deberán ponerse en contacto con su aseguradora, que remitirá al Consorcio de Compensación de Seguros los documentos necesarios. Otra opción sería ponerse directamente en contacto con el Consorcio y enviarle la póliza del seguro y el ticket del aparcamiento. Por otra parte, el Consorcio tendrá en cuenta las listas que está elaborando una oficina especial abierta en la planta 1 de la T-4 por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para atender a los propietarios de los coches perjudicados. Hasta las 18.00 horas de ayer, este organismo público había recibido un total de 1.405 reclamaciones por los daños ocasionados a los vehículos estacionados en el aparcamiento.

El Consorcio no es la única vía de indemnización a las víctimas. Las del 11-M o sus familiares han recibido 135 millones de euros principalmente del Ministerio del Interior en concepto de las ayudas establecidas en la Ley de Solidaridad.

Y tampoco el terrorismo es lo que mayor coste ha supuesto al Consorcio de Compensación. Las riadas en el País Vasco, Cantabria y Navarra del verano de 1983 constituyen la mayor catástrofe económica de la historia de España, con 686 millones de euros (ver gráfico adjunto) en indemnizaciones.