Ambos fueron detenidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, acusados de revelar secretos a EL MUNDO sobre una trama mafiosa en la que estaban presuntamente implicados policías y que se dedicaba al tráfico de explosivos y de drogas.

Tras tomarle declaración a estos dos agentes, Del Olmo ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para ambos, mientras que a uno de los presuntos integrantes de la mafia, acusado, entre otros delitos, de tráfico de drogas, lo dejo en libertad bajo fianza de 60.000 euros. En ese mismo momento, el Ministerio del Interior ordenó suspender de empleo y sueldo a estos dos agentes.

Su encarcelamiento se produjo el día 1 de diciembre. Tras el recurso de sus abogados, el juez instructor optó por fijar unas condiciones muy duras para que estos dos funcionarios pudieran abandonar la prisión: 150.000 euros de fianza para cada uno, entrega de pasaporte, teléfono de contacto permanente y dos comparecencias semanales ante la Justicia.

La Confederación Española de Policía puso inmediatamente en marcha una operación popular para recaudar el dinero de la fianza. El día 24, tras la aportación de un empresario de los 70.000 euros que faltaban para completar los 300.000 exigidos por el juez, la CEP pagó la fianza y logró que Parrilla y Rivero pasaran la Nochebuena con sus familias. La CEP se comprometió a donar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) todo el dinero recaudado de forma anónima. Más de 5.000 personas aportaron dinero por la libertad de estos agentes. Pero, además, sus compañeros de la comisaría vallecana abrieron una cuenta para ayudar a las familias una vez que el Ministerio del Interior les había suspendido de empleo y sueldo.

Desde la CEP se denunció el agravio comparativo que esta suspensión suponía con respecto a otros funcionarios. Así, recordaba el caso de los agentes de la Policía Científica imputados en el denominado caso bórico; entre ellos, el propio comisario general Miguel Angel Santano. Ninguno está suspendido de empleo y de sueldo. Más llamativo aún era el asunto de los tres policías condenados ya por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular, en el conocido como caso Bono. Ninguno de los tres, entre los que estaba el comisario jefe de la brigada de información de Madrid, está sancionado por Interior. La actuación policial, adelantada por EL MUNDO, desmanteló una trama que presuntamente se dedicaba al tráfico de explosivos. Los primeros datos se obtuvieron tras el hallazgo el pasado mes de agosto de cinco kilos de Goma 2 ECO en Leganés.