Los abertzales han contado este tiempo con la inacción de la Fiscalía, lo que ha dado lugar a situaciones esperpénticas, como que un partido declarado ilegal por ser parte de ETA haya vuelto a tomar la calle, haya dado ruedas de prensa, haya visitado al lehendakari y sus representantes hayan mantenido con normalidad contactos con otras fuerzas políticas. Es cierto que la Justicia ha considerado que esas reuniones no son delictivas, pero ello no exime de valorar si eran convenientes políticamente. Y ahora queda claro que no lo eran.

Tras la ruptura de la tregua la Justicia ha de ser inflexible con quienes han demostrado ser simples lacayos de la banda y cómplices de su escalada de tensión y de violencia. En una huida hacia adelante, los batasunos tratan ahora de mantener vivo el proceso y aseguran que no hay que darlo por roto, como si pudiera recomponerse tras el bárbaro atentado de la T-4 de Barajas. Confían en que un comunicado de la banda pueda aún mantenerles a flote. Porque en el fondo buscan salvarse a sí mismos.

Con Otegi en libertad bajo fianza y con muchos otros dirigentes pendientes de juicio, saben lo que les espera. Sólo Otegi acumula siete causas, una de ellas por pertenencia a organización terrorista, lo que podría suponerle una condena de hasta 14 años de prisión. En ese mismo proceso le acompañan una cuarentena de dirigentes. Por eso tratan desesperadamente de insuflar oxígeno al proceso asfixiado por ETA.

En lo único en que el Estado está hoy mejor que tras la ruptura de las anteriores treguas es, precisamente, en el terreno legal, gracias a la vigencia de la Ley de Partidos y a los cambios que se introdujeron en el Código Penal. Un primer gesto en la buena dirección es la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Miguel Bautista de solicitar que se impida a Otegi salir al extranjero, a quien podría llamar a declarar por sus manifestaciones en nombre de Batasuna tras el atentado, y en las que enalteció al etarra De Juana calificándolo de «preso político».