«El día 9 empezarán las obras que no son demasiado visibles, de trabajo muy artesanal, con mucho cuidado, de lo que es la zona de dominio público, la más cercana al mar» indicó Francisco-Busquets.En lo referente al resto de actuaciones, «dentro de este mes o el que viene deberá saberse» cuando se realizarán. Los trabajos empezarán antes de la firma del convenio entre el Gobierno central y la Generalitat, que asumirá la gestión del espacio del que el Gobierno central es el titular. El acuerdo deberá esclarecer cuál de los dos actores ejecuta y sufraga cada parte del proyecto de deconstrucción.

El total desmantelamiento de esta ciudad de vacaciones, formada por unos 370 bungaloes de una planta y edificaciones anexas como dos restaurantes, bar, piscina, pistas de deportes, discoteca o un pequeño anfiteatro, costará unos 6'5 millones de euros y el Estado se hará cargo de parte del presupuesto. El derribo del Club Med, desalojado en 2003, costará más de los 4'42 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente pagó a principios del año pasado por él debido a la dificultad de trabajar en esta zona incluida en el Parc Natural del Cap de Creus.

«No es un derribo cualquiera, atendiendo las circunstancias del Cap de Creus y la zona del Club Med debe hacerse con mucho cuidado y sobre todo no es tan sólo el derribo sino también la limpieza y que no queden rastros», explicó el subdelegado, que apuntó, que «si fuera una superficie plana que se pudiera dinamitar o ir con una pala y tirarlo todo al suelo y aplanar» no sería lo mismo, pero que allí «debe tratarse con cuidado cada roca».

Por otra parte, Francesc Francisco-Busquets reconoció que el alud de permisos de retorno y la solicitud de carnés ha desbordado en las últimas semanas las dos oficinas de atención a extranjeros de la demarcación. Las dos oficinas de extranjería de Girona han tenido que atender diariamente una media de 1.600 personas debido principalmente a la solicitud de peticiones de ciudadanos marroquíes para viajar a su país de origen y a la tramitación de permisos de residencia atrasados.

Esta situación provocó que tuviera que aumentarse en 18 personas la plantilla. Francesc Francisco-Busquets indicó que «hemos dado servicio, acelerado y arreglado expedientes y dado tarjetas a mucha gente que las necesitaba y que a partir de aquí han podido hacer muchas otras gestiones y han podido tener sus permisos de retorno para irse a su casa y volver, pero con esta imagen de ver gente fuera somos conscientes que es una imagen degradante», indicó.