El primer ministro, Dominique de Villepin, la prometió anteayer en plan electoralista para contener la rebelión callejera de los sin techo. Es decir, un movimiento coordinado por la ONG Los hijos de Don Quijote que ha acampado en el centro de las principales ciudades francesas para alojar a los vagabundos y denunciar la precariedad miserable en que viven 100.000 compatriotas.

La ley podría aprobarse antes del 22 de febrero, aunque su aplicación textual se aplazaría hasta el año 2012. Un periodo de reflexión y de cautela cuya solución final depende en gran parte de los resultados que arrojen las urnas en los comicios presidenciales (abril-mayo) y legislativos (junio).

La campaña electoral ya ha empezado descarada y oficiosamente. De hecho, la candidata socialista al Elíseo, Ségolène Royal aprovechó ayer el guirigay mediático para prometer 120.000 viviendas sociales. La cosa suena a bravuconada y a oportunismo. Mucho más considerando que el diario Libération descubría también ayer a que el programa original del Partido Socialista a las presidenciales liquidaba la cuestión de la vivienda en 30 líneas bastante huecas. Y es que en el momento de redactarse el vademécum del PS no se había producido la campaña de los hijos de Don Quijote ni se había movilizado el espíritu navideño de la opinión pública.

Dicho de otro modo: la arraigada cultura plebiscitaria de Francia y el peso de la calle han vuelto a marcar los tiempos de la agenda política. Esta vez con una ley que se antoja virtualmente inaplicable a la luz de las evidencias cotidianas.

La primera proviene de un informe realizado por la Fondation Abbé Pierre, según el cual tres millones de franceses estarían en condiciones de reclamar en los tribunales el derecho a una vivienda digna. La cifra concierne a los vagabundos sin techo, pero sobre todo «interesa» a un sector marginal de la población que se aloja en chabolas, rulotes y domicilios desprovistos de las comodidades elementales (baño, calefacción, luz eléctrica).

Así se explica la incredulidad de los juristas. ¿Tiene el Estado recursos y medios para responder la avalancha de demandas? ¿Cómo va a garantizarse y definirse pragmáticamente el mito de la vivienda digna?