El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó ayer, a petición de la Fiscalía, un informe a las Fuerzas de Seguridad sobre el mitin del sábado con el fin de comprobar si detrás de la organización del evento se encuentra, de manera solapada, alguna de las asociaciones cuyas actividades han sido suspendidas por su vinculación con ETA.

El Ministerio Público mostró su interés por que se identificase a los convocantes y se comprobasen los lemas anunciados. Sobre el Movimiento pro Amnistía no pesa ninguna prohibición y, por lo tanto, si se confirmara que no se trata de ninguna tapadera, la Fiscalía no solicitaría la prohibición del acto.

Ayer, los dos Cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado remitieron sus informes. La Policía, en la referencia enviada al juez no niega que no exista esa conexión, pero precisa que no puede establecerla. La Guardia Civil sostiene que fue Askatasuna la que creó el Movimiento pro Amnistía y que ambos comparten los mismos dirigentes y objetivos similares, así como el mismo espacio social de referencia.

Según recoge este informe, las actividades de Askatasuna fueron suspendidas en febrero de 2002, después de que se demostrase que esta organización, dedicada a reivindicar a los presos de ETA, había sustituido en sus funciones a Gestoras pro Amnistía. El denominado MPA pasó entonces a realizar las funciones de Askatasuna, cuyos dirigentes, por otra parte, a lo largo del alto el fuego se han estado manifestando sin cortapisa alguna.

Los datos facilitados al juez incluyen los carteles de la convocatoria y las personas que la han respaldado en sendas ruedas de prensa. En la primera de ellas, celebrada hace un mes, y, por lo tanto, cuando el alto el fuego no estaba roto y los dirigentes de las citadas formaciones participaban en actos públicos con normalidad, participaron Joseba Agudo, portavoz de Askatasuna, según el informe e Idoia Muruaga. Tras ellos comparecieron Juan María Olano, también dirigente de Askatasuna, Julen Larrinaga, Angel Alcalde, ex preso de ETA, Mikel Korta, dirigente de Euskal Herritarrok o Arantza Zulueta, abogada de la izquierda abertzale. Varios de ellos están encausados en los procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional.

El velódromo de Anoeta fue el escenario elegido por Batasuna para presentar su propuesta de las dos mesas en otoño de 2004. Entonces, la celebración de dicho acto, en el que se lanzaron gritos a favor de ETA y que acabó con el reparto de zutabes por parte de varios encapuchados, también estuvo envuelto en polémica. Como se tenía la impresión de que Batasuna presentaría allí una propuesta positiva, el Ayuntamiento de San Sebastián concedió los permisos para usar el velódromo a la formación ilegalizada a pesar de que la solicitud venía firmada por Joseba Alvarez, uno de sus dirigentes.

Ningún juez intervino con anterioridad y, posteriormente, desestimaron la denuncia interpuesta contra el alcalde Odón Elorza. Siguiendo las tesis del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, el Ministerio Público aseguró que el acto se había celebrado «al amparo del derecho constitucional de la libertad de reunión» y apuntó que «tuvo un contenido político pero no vinculado expresamente a una actividad electoral que es lo que tiene prohibido Batasuna».