El juzgado había abierto una investigación después de que la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) denunciara al alcalde, a cuatro concejales socialistas, a dos funcionarios municipales y a una treintena de promotores por la construcción «de unas 1.300 viviendas ilegales».

Esta denuncia hizo que la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana retirara las competencias urbanísticas al Ayuntamiento al apreciar su «relajación» en la proliferación «exagerada» de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido.

El pasado 27 de septiembre, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa, aunque después la Fiscalía recurrió este archivo al considerar que hay «suficientes indicios de delito contra la ordenación del territorio».

El alcalde de Catral explicó ayer a Efe que aún no ha recibido la notificación judicial, por lo que desconoce si deberá comparecer en calidad de testigo o de imputado. Aseguró que acudirá a los juzgados «tranquilo» y sostuvo que todo obedece a que hay algunos adversarios políticos que no pueden derrotarle «en las urnas y quieren hacerlo en los juzgados».