«El derecho internacional no autoriza la pena de muerte salvo en casos de excepción decididos dentro de un marco legal», declaró Arbour en referencia a la condena a muerte de Barzan al Tikriti, hermanastro de Sadam, y de otro asesor del ex dictador, Auad Al Bandar. La máxima representante de los Derechos Humanos precisó que había dirigido su demanda al presidente iraquí, Jalal Talabani.

Según Arbour, las dudas en cuanto a la equidad e imparcialidad del juicio a Sadam se aplican igualmente al procedimiento que ha desembocado en la condena de Al Tikriti y de Al Bandar a la pena máxima.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Bán Ki-Moon, se unió a las reivindicaciones de Arbour, aunque este apoyo no significa que condene la pena de muerte, ya que dijo respetar el derecho de los estados miembros a aplicarla.

El relator especial del Consejo de Derechos Humanos para las ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias, Philip Alston, calificó de «flagrante violación de los Derechos Humanos» las circunstancias bajo las cuales tuvo lugar la ejecución de Sadam.

«El derecho a no estar sometido a un tratamiento cruel, inhumano o degradante fue violado en el momento en que Sadam fue insultado y el vídeo de la ejecución, difundido como espectáculo público y morboso», denunció Alston.