Ya casado con ésta, nació Alfonso en 1880 y en 1881 Fernando. Alfonso Sanz perdió el citado pleito -en el que se enfrentó a muerte con la familia real- porque el juez alegó que «un Rey no estaba sujeto al derecho común». Es decir, no se le podían reconocer hijos fuera del matrimonio.

Esto no significa que Alfonso Sanz tirara la toalla. Como demuestra una querella suya contra su supuesto hermano, Alfonso XIII, hallada en un archivo por el jurista e historiador Vicente Fernández Riera, cuyo contenido desvela a este suplemento. «Instaurada la II República, no quiso perder la oportunidad que le abría el cambio de régimen. Asistido por el gran penalista Luis Jiménez de Asúa, presentó una querella contra Don Alfonso de Borbón, fechada en Madrid el 4 de mayo de 1932, acusándole presentar en el juicio de 1907 un documento mercantil falso a sabiendas de que lo era». Según Fernández Riera, lo que Sanz pretendía era la revisión de la anterior sentencia.

«Casi 50 años después de la muerte de Alfonso XII, las acciones habían prescrito, por tanto su única posibilidad para que se celebrara un nuevo proceso era demostrar que Alfonso XIII había cometido un delito».

Para entender el enfrentamiento fraticida de Alfonso Sanz con el Rey Alfonso XIII, hay que remontarse a las terribles circunstancias que rodearon a Elena Sanz y sus hijos al morir Alfonso XII en 1885. Alfonso y Fernando vivían con su madre en Paris, donde se exiliaron por exigencia de la Reina María Cristina, que amenazó a su esposo con marcharse a su país, si no salía de España «esa mujer con su innoble prole».

La cantante, retirada de los escenarios, vivía de las 5.000 pesetas al mes que le enviaba el Monarca. Muerto éste, la Reina le retiró la pensión. Para sobrevivir y asegurar el porvenir de los niños, tuvo que llegar a un pacto con la Casa Real. Puso el caso en manos de Nicolás Salmerón, presidente de la I República, que hizo saber a Fermín Abella, Intendente regio, que Sanz guardaba documentos que acreditaban que Alfonso XII era el padre de sus hijos, pero estaba dispuesta a llegar a un acuerdo para evitar el escándalo que supondría darlos a conocer.

El convenio se firmó en marzo de 1886 en el consulado de España en Francia. La cantante entregó más de un centenar de documentos y cartas comprometedoras. A cambio, la Casa Real constituyó un depósito de valores en títulos de renta por 500.000 francos, que ambos niños percibirían a su mayoría de edad, convertidos en 700.000 francos, bajo condición de no reclamar su filiación paterna, ni revelarla, comprometiéndose si otra persona lo hiciera, a desmentirlo. En caso contrario, se les retiraría el depósito.

LA MUERTE DE ELENA

En el banquero Prudencio Ibáñez recayó la tarea de custodiar los títulos, que se depositaron en el banco Comptoir d.phi.Escompte. Pero la situación dio un vuelco con la muerte de Elena Sanz en 1898, y sobre todo, a raíz de la quiebra del citado banco. Los títulos fueron retirados, siendo retenidos por Ibáñez. Cuando los hermanos llegaron a la mayoría de edad, todos los documentos habían desaparecido. En el texto de la querella aportada por Fernández Riera, se denuncia la falsedad de la escritura de depósito de 500.000 francos constituido por la Casa Real a favor de los hermanos Sanz en el banquero Prudencio Ibáñez «quien no pudo convertirlos por haberlos distraído y apropiado».

Se alega que, arruinado, Ibáñez aún firmó en 1904 una liquidación provisional, a la espera de las gestiones que se realizaban con Montero Ríos, abogado de la Casa Real. Y requerido por la Justicia francesa, el banquero llegó en 1905 a un acta de transacción con reconocimiento de importantes cantidades a los hermanos que le libró de presidio. Jiménez de Asúa mantenía que toda esa documentación estaba afectada de falsedad. Y que Alfonso XIII la utilizó «a sabiendas de su falsedad».

Fernández Riera no está de acuerdo, pues en su opinión fue el banquero Prudencio el culpable de la sonora debacle. «La Casa Real cumplió con las obligaciones contraídas. De hecho, aunque desaparecieron los títulos, Elena Sanz y luego sus hijos cobraron 20.000 francos anuales hasta su mayoría de edad. Lo que hizo el ladino de Ibáñez en 1904 fue firmar un documento privado, donde habla como si los títulos existieran, para evitar la cárcel».

El jurista no ve falsedad en el acta de 1905. «Se pactó con ambos hermanos. Fernando percibió su parte, porque lo que faltaba se le pagó en participaciones y objetos valiosos, como un cuadro de Murillo. Y Alfonso renunció porque no quiso desistir de reclamar su filiación, condición para percibir el dinero. Pero la Casa Real no fue responsable. Ibáñez les estafó».

Fuera quien fuera el culpable, lo cierto es que este nuevo intento de Alfonso Sanz por reclamar sus derechos también fracasó, pues los tribunales republicanos desestimaron su querella contra Alfonso XIII. Fue el último episodio del enfrentamiento entre dos hermanos que jamás llegaron a conocerse.

Pero María Luisa Sanz de Limantour, la nieta secreta del Rey Alfonso XII, insiste una vez más en que no pretende resucitar viejas guerras familiares. «Lo último que deseo es enfrentarme con el Rey Juan Carlos, por quien tengo gran admiración y aprecio. Sólo quiero que se me reconozca quién soy y llevar el apellido Borbón. Es mi apellido».