Los pies descalzos de María Basilia Sailema llevaban cuatro días intentando sostener su cuerpo, pero ayer se desplomaron frente al cadáver de su hijo Carlos Alonso Palate, uno de los dos ecuatorianos asesinados en el último atentado de ETA. La mujer, de 60 años, viuda y ciega, seguía sin comprender cómo podía haber hablado con su hijo mayor hace apenas 10 días y ahora, en cambio, le estaba enterrando en el pequeño cementerio de su pueblo natal, San Luis de Picaihua, un humilde comunidad indígena situada en medio de los Andes, a dos horas y media en coche de Quito.
En medio del sepelio, que congregó a cerca de 1.500 personas, María Basilia no pudo soportar ni la presión ni la pena, y cayó desmayada. Su única hija mujer, María Elvira, siguió sus pasos tras proferir terribles gritos de dolor y rabia. «No puede ser, no puede ser, que vuelva...». Después, se derrumbó en el suelo, instantes antes de que su hermano ingresara en uno de los nichos.
La ceremonia se celebró entre llantos, lamentos y enormes pancartas contra el terrorismo. Una de ellas rezaba El pueblo de Picaihua repudia el terrorismo. No a ETA. Quien la portaba lanzó su alegato: «Esos terroristas son unos cobardes. No hay derecho a que hagan esto. ¿De qué va a vivir esta familia ahora?».
Elba Berruz, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos en el Exterior, alzaba una queja: la ausencia de autoridades nacionales y españolas en el sepelio. «No ha venido nadie de la clase política, es lamentable». La comitiva española que acompañó el cadáver de Carlos Alonso desde Madrid, encabezada por Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para la Cooperación con Iberoamérica, ya hacía horas que había tomado un avión rumbo a la Madre Patria.
Los vecinos de Picaihua, campesinos pobres en su mayoría que malviven gracias a la agricultura y la ganadería, sí acompañaron a Carlos Alonso durante las 36 horas en las que fue velado en su propia casa, unos austeros bloques de cemento y zinc. Él mismo la mandó levantar con el dinero que enviaba cada mes desde Valencia, adonde había emigrado hacía cinco años.
Tras el velatorio, el féretro fue cargado por sus amigos. Detrás, en procesión, su madre, su hermana y sus dos hermanos, Luis y Jaime, y centenares de acompañantes, que casi impedían el paso por las polvorientas calles de Picaihua, sin asfaltar y repletas de cantos y malas hierbas.
Entre ellos, Carmen Solís, vecina de Ambato, la ciudad a la que pertenece Picaihua, a menos de 20 minutos en coche. Ella pasó por lo mismo en aquel fatídico 11-M. Su marido, Angel Manzano, pereció en Atocha. «Se había marchado a Madrid tres años antes para poder hacernos una casita aquí y que mis hijos estudiaran». Al igual que ocurrirá con la familia de Carlos Alonso, Carmen y sus hijos recibieron una indemnización y la nacionalidad española.
María Angélica Acurio, una de las profesoras del Palate en la primaria de la escuela María Pardo Bazán. Era «buen estudiante, extrovertido y responsable». Quiso que siguiera estudiando, pero el chico tenía que trabajar para sacar adelante a su familia. La misa funeral su hubo de celebrar en un parque junto a la iglesia de Picaihua por la gran afluencia de compatriotas. El vicario de Ambato, Gonzalo Espinosa, y el párroco de Picaihua, José Raza, oficiaron la ceremonia, interrumpida por los desgarrados gritos de dolor que repetía la madre del joven ecuatoriano. «No puedo creer que no esté aquí mijito lindo, si me dijo que a principios de este año regresaba a su casa...».
El menor de los hermanos, Luis Giovanny, de 22 años, no hablaba ni lloraba. El otro hijo varón, Jaime, de 25 años, parecía más fuerte. Él viajó a España tras el atentando y volverá para ver cumplida la promesa de una indemnización de 240.000 euros y de la nacionalidad española para los familiares de Carlos Alonso. «Su ilusión era que fuéramos a España y así lo haremos si las autoridades españolas nos ayudan», dijo afligido. Momentos después, el cuerpo de su hermano desapareció para siempre.
