Es el enclave natural más importante del sureste de Madrid. En él se encuentran humedales protegidos por la legislación europea, lugares de paso y descanso para miles de aves en sus rutas migratorias y ecosistemas con una impresionante biodiversidad. También alberga el último vestigio de bosque mediterráneo de la Comunidad. Ésta es su cara. Su cruz, o mejor dicho, sus cruces: está horadado de parte a parte por graveras e instalaciones mineras, muchas de ellas ilegales, y el 50% de su suelo sigue siendo explotable. En sus terrenos se vierten escombros, se practica la caza ilegal y se utilizan productos fitosanitarios agresivos sin control.
Así es la realidad del Parque Regional del Sureste, un espacio natural de más de 30.000 hectáreas a lo largo de 16 municipios de la Comunidad de Madrid. Para tratar de desbloquear la situación, una plataforma de grupos ecologistas de la zona lleva años pidiendo a la Consejería de Medio Ambiente que apruebe un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) para el parque, cuyo borrador fue presentado por el Gobierno regional en 2004. Los grupos ARBA, El Soto-Jarama Vivo, Ecologistas en Acción, GRAMA, Amigos de la Tierra y SEO presentaron 120 enmiendas al borrador, para las que aún no han recibido respuesta alguna por parte de la Consejería. Asimismo, lamentan que la Junta Rectora del parque no se reúna desde hace un año y medio, y califican la situación de «abandono institucional». La Consejería asegura que para la aprobación del plan sólo faltan unos informes jurídicos relativos a varias enmiendas presentadas por los agentes sociales y que se han incluido en el documento. La Junta Rectora volvería a ser convocada con motivo de la aprobación del texto.
Las denuncias de los grupos ecologistas se centran en seis grandes problemas.
Las graveras.
La cuenca del río Jarama constituye la principal reserva de áridos de la Comunidad de Madrid. Entre San Fernando y Aranjuez se concentra el 80% de las graveras de la región. Su proliferación ha provocado degradación de las riberas, evaporación y contaminación de los acuíferos, destrucción de la vegetación o pérdida de suelo orgánico, entre otros efectos. Según El Soto-Jarama Vivo, «tradicionalmente los ayuntamientos de la zona del Parque del Sureste han observado la actividad minera como una fuente de ingresos tributarios, que había que regular mediante la correspondiente tasa». Eso habría contribuido, en su opinión, a la «permisividad administrativa» ante estas instalaciones, muchas de las cuales han aflorado de manera ilegal. Con todo, los ecologistas admiten que los grandes municipios de la zona, como Arganda, Rivas, Getafe, Coslada o San Fernando, se han ido incorporando en la última década a las plataformas en defensa del parque, aunque todavía de manera tibia y sin lograr actuar coordinadamente.
Instalaciones de alto riesgo.
Existen ocho proyectos de centrales térmicas de ciclo combinado que afectarían al parque, a los que se suman otras instalaciones ya en funcionamiento: el vertedero de residuos industriales de San Fernando, la incineradora de Valdemingómez o la contaminación acústica que provocan los aeropuertos de Torrejón y Barajas, son sólo unos ejemplos.
Especulación urbanística.
Varios de los municipios por los que discurre el parque ya tienen todo su suelo urbano vendido o planificado para la construcción. Pese al tibio apoyo que los ayuntamientos ofrecen a las plataformas conservacionistas, algunos de ellos pueden caer en la tentación de «desproteger» zonas del parque, en palabras de los ecologistas, para seguir obteniendo lo que se ha convertido en su principal fuente de financiación: la venta de terrenos.
Vertidos.
Según datos procedentes de la Dirección General de Infraestructuras, unos cinco millones de metros cúbicos de tierra, procedentes de la últimas obras del Metro, han sido vertidos por el interior y el entorno del Parque Regional del Sureste. La mayor parte han sido depositados en huecos de explotaciones graveras sin que la Junta Rectora del parque haya tenido control alguno sobre los materiales allí dejados. Por otro lado, el río Jarama y su cuenca sufren el vertido de lodos y residuos de las industrias aledañas y se ven afectados por el uso incontrolado de productos fitosanitarios en las explotaciones agrícolas que riegan.
La caza.
Pese a albergar zonas especialmente protegidas incluso por la normativa europea, la mayor parte del parque está afectada por la actividad de los cotos de caza. A esto hay que añadirle el problema del plumbismo que la munición provoca en los humedales y la práctica de la caza furtiva.
Las infraestructuras.
La M-45, la M-50 o la Radial 3 afectan directamente al territorio del parque, así como el AVE Madrid-Barcelona.
Como aval de su gestión, la Consejería de Medio Ambiente recuerda la reciente inclusión de varias lagunas en el catálogo de humedales protegidos, así como los trabajos de reforestación en zonas dañadas por las graveras. Su mayor handicap, y también su mayor reto, es hacer frente a problemas que se remontan incluso hasta 20 años antes de la creación del parque, como los daños causados por concesiones mineras hoy ya cerradas o la actividad de los cotos de caza. A todo esto hay que añadir que la mayoría del suelo del parque es de titularidad privada, lo que dificulta una gestión directa. Por ello, la Consejería ha ido consiguiendo poco a poco incluir varios montes en la categoría de «utilidad pública».
Mientras tanto, los ayuntamientos de los municipios implicados se lavan las manos y echan la pelota al tejado del Gobierno regional.
