El último escándalo, revelado por el diario británico The Daily Telegraph, tiene por escenario la localidad de Yuba, en el sur de Sudán, donde al menos 20 menores -en su mayoría niñas de no más de 12 años- fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con miembros de la fuerza multinacional. Cuatro cascos azules de Bangladesh han sido repatriados por su implicación en los abusos.

En total, 144 militares, 18 civiles y 17 agentes de policía han tenido que abandonar las misiones de paz por la puerta falsa en los dos último años por su participación en casos de explotación sexual de mujeres y niños. «Tenemos 200.000 soldados desplegados de más de un centenar de países en fuerzas que se van rotando todos los años, por lo que es hasta cierto punto previsible que algunos soldados se vayan a comportar mal», explicó Jane Holl Lute. «Lo que ha cambiado es nuestra determinación para hacer frente a este problema y los recursos para combatirlo».

El nuevo secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, reiteró la política de tolerancia cero a los tres días de relevar a Kofi Annan y ante las primeras informaciones sobre los abusos de los cascos azules en el sur de Sudán. Ban Ki-moon insistió en la determinación de trabajar con las autoridades locales y con los países que contribuyen a las misiones para llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

Sin embargo, Jane Holl Luter recalcó anteayer la impotencia de Naciones Unidas para perseguir directamente a los culpables, «pues la competencia para juzgar estos delitos es de los países de origen de las personas investigadas». En su opinión, con la escasa capacidad de maniobra que tiene, la ONU sólo podría negar tropas provenientes de países que no se ajusten a las condiciones establecidas para castigar los abusos. «El comportamiento de cualquier casco azul compromete la reputación de nuestras misiones de paz y de nuestra organización», admitió.

Al cabo de más de 40 años en activo, la mala fama de los cascos azules comenzó a labrarse a primeros de los 90, con las informaciones sobre los abusos en Camboya -donde se comprobó que varios soldados pagaron de 400 a 700 dólares por desvirgar a las niñas- y en Mozambique, Luanda y Angola, en donde se acuñó el término catorcinha para designar a las menores reclutadas para la prostitución.

En 1994, el entonces secretario general de la ONU, Butros Gali, ordenó el primer informe sobre los abusos de los cascos azules, que sacó a la luz casos de asesinatos, atropellos, violaciones y torturas psicológicas a menores y mujeres en Somalia. Tiempo después, Bosnia y Croacia fueron escenario de tropelías como las denunciadas por 24 supervivientes de Sebrenica, que acusaron a los soldados holandeses de prostituir a niñas de 14 años por el precio de dos cigarrillos. Por aquellas fechas trascendió el caso del hotel Sonja, convertido en prisión femenina por los serbios y en burdel frecuentado por el coronel canadiense McKenzie.