Pregunta.- La Ley por el Derecho a la Vivienda vivió un segundo nacimiento el pasado mes de diciembre, pero con la misma polémica o más que suscitó en su primer intento, cuando el anterior tripartito ya preparaba las maletas. ¿Cómo lo explicaría?

Respuesta.- La ley la aprobó el Consell Executiu en la segunda semana del nuevo Govern y la trató como una referencia. No es lo mismo que un Ejecutivo apruebe esa medida con cuatro años por delante que cuando está concluyendo un mandato con elecciones anticipadas. Eso le da una fuerza mucho mayor, porque la ley acabará saliendo. Y por otra parte, los movimientos en la calle que se están produciendo y que antes no existían con tanta fuerza han dado más proyección a la ley. Pero no es éste un caso de oportunismo.

P.- Ha vuelto a ser el artículo referido a la expropiación de pisos vacíos durante dos años el que ha copado todo el protagonismo de la polémica.

R.- El texto habla de expropiación temporal del usufructo. No del bien en sí, sino de su uso. Si el usuario no hace un uso social, se le obliga a hacerlo. Y el rendimiento lo percibirá el propietario, así que no se le perjudica.

P.- ¿Por qué se plantea un plazo de alquiler forzoso de 6 años?

R.- La ley de arrendamientos urbanos obliga a que los contratos de alquiler sean de 5 años. Si a eso le añadimos el tiempo de hablar con los propietarios, de realizar las obras necesarias...seis años es el margen de tiempo necesario.

P.- El Ayuntamiento de Barcelona planteó recargar el IBI de los inmuebles desocupados para forzar que salieran al mercado. Pero las dificultades técnicas hicieron imposible la medida. ¿Ha cambiado algo en este tiempo para que la Generalitat sí lo pueda hacer?

R.- No. Primero hay que decir cómo se demuestra que es un piso desocupado. Y no existe ninguna norma. La primera estará establecida en la Ley del Derecho a la Vivienda. De todas formas nuestra fórmula no es de aplicación universal, así que difícilmente los ayuntamientos la podrán utilizar automáticamente para aplicar un incremento del IBI. Lo que nosotros plantearemos será buscar viviendas desocupadas y sólo en casos residuales adoptaremos la fórmula del alquiler forzoso, donde exista mucha necesidad.Para sacar adelante el proyecto, debatimos largamente con la Agencia de Protección de Datos, para ver como se puede tener información de los consumos de servicios de una vivienda. Y eso sólo se podrá hacer después de la apertura de expedientes individuales y argumentándolo suficientemente.

P.- El trámite será complejo...

R.- Si el propietario se niega a poner el piso en alquiler, tendrá que ser un juez quien dicte sentencia. Estamos analizando qué pasará en ese caso, pero las costas judiciales parece que tendrán que ser sufragadas por el propietario.

P.- ¿Cuántas viviendas considera que pueden aflorar a través de la expropiación temporal?

R.- No es determinante que afloren muchos pisos por la vía de la expropiación temporal. Lo verdaderamente importante es obligar a la reflexión sobre qué hacemos con la vivienda. Una cuestión de racionalidad de recursos. El año pasado conseguimos que 4.000 pisos desocupados salieran al mercado en régimen de alquiler gracias a las Bolsas de Mediación y ofreciendo a los propietarios facilidades para alquilar. Y se consigue con precios un 10% inferior a los del mercado. Si se consiguió esa cifra sin publicidad, yo estoy convencida de que en los próximos cuatro años se pueden conseguir 20.000 pisos.

P.- ¿La insolvencia de los inquilinos es un problema también para la Generalitat en los casos de alquiler de pisos?

R.- Tenemos una póliza de seguro para cubrir ese riesgo, pero debe quedar claro que el índice de insolvencia en España es bajísimo, del 1%. El problema radica en que cada caso se convierte en espectacular.

P.- A pesar de todo, la figura de la expropiación no ha gustado en algunos ambientes. ¿El Govern está abierto a modificaciones en el trámite parlamentario?

R.- Todo es modificable y nos gustaría que fuera una ley muy consensuada. Si el Govern quisiera, la aprobaría sin problemas en el Parlament, pero no se pretende colar la Ley por la fuerza y nos gustaría acompañarla con un Pacto Nacional de la Vivienda.

P.- ¿Sería positivo cambiar la cultura de la compra de la vivienda instalada en nuestro país?

R.- No sé si lo debemos plantear. La adquisición de pisos ha permitido un alto grado de integración social, porque fomenta el estímulo por la mejora.

P.- ¿Pero considera que es necesario impulsar viviendas protegidas en régimen de alquiler?

R.- Con los precios actuales, es necesario. Pero la cuestión es conseguir una oferta asequible y no hemos sido capaces de generar un gran parque público, que actualmente es de 15.000 pisos. En cuatro años tenemos que duplicarlo. Y desde la Administración debemos conseguir que el alquiler dé seguridad de cara al futuro, cosa que ahora no sucede. Los contratos son como máximo a cinco años...

P.- ¿Es factible que el Govern cumpla su compromiso de construir 50.000 viviendas de protección oficial en este mandato?

R.- En 2007 se harán en torno a 10.000 y con la disposición de suelo aprobado en un sólo año de tramitación urbanística se podrán construir otras 50.000. Además, el Incasòl está preparando suelo para construir 120.000 viviendas, la mitad de éstas en VPO. Todo ello permitirá que en 2008 se invierta la tendencia y tengamos más vivienda social.

P.- Parece que la desaceleración de los precios de los pisos ha llegado de verdad en el segundo semestre de 2006...

R.- Los datos que tenemos nosotros respecto a 2006 darán una cifra de encarecimiento ligeramente mayor que la anunciada estos días pero también inferior a la del año 2005, pero esa tranquilización de los precios se mantendrá en 2007. El secreto es que cueste vender.