El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, es uno de los principales impulsores de la destitución de Antonio González-Adalid como presidente de Enagás. Fuentes próximas al consejo de administración reconocen que el máximo órgano ejecutivo de la compañía está recibiendo fuertes presiones para acometer de forma urgente el relevo en la presidencia. Y aseguran que la mano del político catalán está detrás de los movimientos que se han realizado en los últimos meses en torno a la compañía logística.
Montilla intentó promover el relevo en Enagás antes de abandonar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La intención del entonces ministro era situar a un ejecutivo catalán en la presidencia en sustitución de González-Adalid, quien llegó al cargo apoyado por un empresario cercano al PP (el ex presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina).
El nuevo presidente de Enagás, según los planes de Montilla, debía proceder de las filas de Gas Natural. La sociedad presidida por González-Adalid siempre ha figurado como filial de la compañía gasista catalana. Para dar cumplimiento a las exigencias de la Administración, Gas Natural equiparó su participación accionarial a las del resto de propietarios y hoy controla un 5% de Enagás. No obstante, cuenta aún con dos consejeros en la empresa, Salvador Gabarró (presidente de Gas Natural) y Antonio Llardén (director general de Recursos del grupo catalán).
Las fuentes consultadas aseguran que Gas Natural es el accionista que está pugnando con más ímpetu para destituir al actual presidente. Esta situación, unida a la presión política procedente de la Generalitat, está generando malestar entre los consejeros. La dirección de Enagás también ha mostrado su preocupación por las consecuencias sobre la cotización que podría acarrear la intervención política en una compañía totalmente privada.
Según fuentes próximas al consejo, José Montilla ha continuado realizando gestiones desde la Generalitat, con el objetivo de acelerar el cambio. Por el contrario, reconocen que no han detectado ninguna intromisión por parte del actual ministro de Industria, Joan Clos. De hecho, ante la polémica suscitada en torno al posible relevo, el Ministerio se vio obligado a desmentir la pasada semana cualquier tipo de mediación para impulsar el cambio de presidente.
El candidato mejor situado es Antonio Llardén, director general de Recursos de Gas Natural y presidente de la patronal Sedigas. También ha salido a la palestra el nombre del presidente de Intermoney Energía, Miguel Angel Lasheras, consejero independiente de Enagás. Llardén comparte la mesa del consejo de administración de Caixa Catalunya con otro socialista catalán, Narcis Serra, presidente de la caja catalana. Por su parte, fuentes del sector relacionan a Lasheras con Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid y ex director de la Oficina Económica del Gobierno. Sebastián fue consejero delegado de Intermoney, sociedad por la que pasó también el secretario de Estado de Economía, David Vegara.
Las intenciones de Montilla respecto a Enagás eran un secreto a voces en el seno de Enagás desde hace meses. El ex ministro de Industria siempre ha sido partidario de situar a dos ejecutivos de confianza al frente de las dos empresas logísticas decisivas para el suministro de luz y gas en nuestro país, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás.
En la presidencia de la primera aterrizó el ex ministro de Agricultura socialista, Luis Atienza, pocos meses después de la victoria en las urnas del PSOE. Más complicado es, por el contrario, el relevo en Enagás. A diferencia de REE, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), no hay presencia pública en el capital de la compañía presidida por González-Adalid. Además, el accionariado está muy fragmentado. En él tienen cabida seis cajas de ahorros y el gigante petrolero BP.
Según fuentes cercanas al consejo de Enagás, las presiones para acometer el relevo se han acentuado en los últimos días, a raíz de las quejas del presidente de la compañía. González-Adalid denunció a través de un comunicado que el Ministerio de Industria ha aprobado un nuevo marco regulatorio para el transporte de gas «sin haber existido un proceso de debate previo entre las distintas partes implicadas».