El sinestro se produjo sobre las 14.50 horas en el subsuelo de la plaza de Joan Peiró, en el interior de los túneles de la estación de Sants, donde se realizan desde hace varios meses las obras del tren de alta velocidad.

E. M. M., de 35 años y de nacionalidad española, perdió la vida en el acto al recibir el impacto del camión, que volcó cuando el trabajador manipulaba el brazo eléctrico del vehículo con un control remoto. El camión transportaba malla electrosoldada y podría pesar entre dos y tres toneladas. Los propios trabajadores de las obras desplazaron con dos grúas el vehículo volcado, por lo que los bomberos se limitaron a certificar la muerte del operario.

El suceso no afectó la circulación de trenes, según informaron fuentes de Renfe.

Tanto el sindictao CCOO como UGT exigieron ayer a la patronal y al Gobierno catalán más control y compromiso ante el elevado incremento de los accidentes laborales en esta comunidad el pasado año, cuando fallecieron 137 personas hasta el mes de noviembre, 42 más que en 2005.

En un comunicado, el sindicato CCOO consideró que el balance de 2006 «ya está totalmente dibujado: un aumento importante de la mortalidad y del conjunto de los accidentes». De los 137 trabajadores fallecidos en Cataluña, 52 tenían empleos temporales. Además, 1.156 personas resultaron heridas graves y 150.989 leves.

Las cifras de trabajadores fallecidos son más elevadas que las registradas en el mismo periodo de 2005, cuando perdieron la vida 95 personas, mientras que han descendido las de los accidentados graves -1.346 en 2005- y los leves -140.693 en 2005-.

Ante esta situación, CCOO de Cataluña considera que es necesaria «una respuesta rápida y contundente por parte de la patronal y de la administración, para conseguir que la prevención y la disminución de la siniestralidad sea una realidad en todas las empresas».

Así, el sindicato apuesta por dedicar el 100% de los técnicos de prevención de la Generalitat en la colaboración de las tareas inspectoras, la implicación de los cuerpos policiales en la detección de situaciones de riesgo y aumentar la coordinación entre la Generalitat y la Fiscalía.