El propio alcalde ha remitido una carta a los portavoces municipales del PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya para hacerles ver que, puesto que sobre el caso pesa una intervención judicial todavía no resuelta, además de «un criterio de los partidos políticos» de no duplicar los trabajos o «hacer otros paralelos», «no procede una comisión de investigación en el tema del parking».

Por su parte, este nuevo varapalo a las intenciones de los partidos de la oposición de investigar el proceso del aparcamiento Jaume I les deja poco margen para la negociación. Lluís Balart, de IC-V, ha anunaciado que volverá a solicitarlo en una junta de portavoces que la oposición quiere forzar para tal fin, aunque espera que el Gobierno municipal reitere la negativa.

El portavoz socialista, Félix Ballesteros, por su parte, anunció que realizarán la investigación por su cuenta, aunque no detalló cómo podrán acceder a una documentación que ni los socios en la empresa han conseguido tener.

Rosa Rosell, de ERC, aseguró ayer que esperará a la conclusión que saquen de la junta de portavoces que quieren convocar para discutir la negativa a crear la comisión de investigación.

El caso del aparcamiento Jaume I no puede estar más judicializado.El asunto está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que ha aceptado también las denuncias por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso Jaume I, además de investigar una presunta destrucción de patrimonio durante la excavación.

Paralelamente, la Empresa Municipal de Aparcamientos de Tarragona ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Arbitral contra la empresa Sistemas Alem. El Ayuntamiento aún es socio de esta sociedad en la Unión Temporal de Empresas Jaume I que debía construir, robotizar y explotar el aparcamiento.

A la vez, Sistemas Alem ha tenido que recurrir también a la vía judicial para solicitar a Aparcaments Municipals de Tarragona SA y a la UTE los documentos y cuentas relativos a la sociedad que no ha podido conseguir como socia de la UTE.

A pesar del embrollo judicial que rodea la construcción del aparcamiento, el Síndic de Comptes rechazó investigar el caso a partir de la denuncia realizada por la Plataforma Veu Ciutadana, y a pesar de las diferentes informaciones aparecidas relativas a la presuntamente irregular tramitación administrativa. Cabe recordar que Sistemas Alem sólo quería participar con un 1% en la UTE y que fue la sociedad municipal de aparcamientos quien la convenció de entrar en la unión temporal de empresas con el 49% a pesar de su incapacidad económica.

Curiosamente, esta misma incapacidad económica de Sistemas Alem, que la empresa municipal conocía desde el principio ya que avaló el crédito financiero que le permitía hacer frente al 49% de los gastos, es ahora la excusa que ha esgrimido la AMT para deshacer la sociedad.

Entre los numerosos asuntos investigados, también se supo que la empresa de ingeniería geotécnica realizó tan sólo seis catas para determinar el tipo de suelo que encontrarían en su construcción, y ya en ellas se anunció la presencia de dolomita, un material que necesita voladuras para su extracción. Este informe confirmó que, tanto el retraso de la obra como los elevados costes de su construcción no pueden atribuirse a la sorpresa de encontrar una roca extremadamente dura, tal y como aseguró el alcalde de Tarragona en público.

Las situaciones supuestamente irregulares que se han sucedido a lo largo de los cuatro años empleados en la tramitación y obra del aparcamiento han sido muy numerosas desde los incumplimientos a las exigencias de la Comisión de Cultura respecto a la excavación y conservación de los restos hallados.