El instructor de la causa que el Tribunal Superior de Justicia vasco (TSJPV) sigue contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por su reunión con representantes de la ilegalizada Batasuna ha decidido continuar el proceso tras rechazar la solicitud de sobreseimiento cursada por los servicios jurídicos de la Lehendakaritza.
Roberto Sáiz, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal vasco, argumenta en su auto que, en contra de lo que reclamaba la defensa de Ibarretxe, no es extrapolable a esta causa el auto del Supremo que archivó la querella promovida por el sindicato de funcionarios Manos Limpias contra José Luis Rodríguez Zapatero por autorizar los contactos de dirigentes del PSE-EE con los miembros de la izquierda radical.
De hecho, Sáiz afirma que «no es posible deducir», bajo criterios jurídicos, que el Supremo «haya legitimado» la reunión entre los representantes socialistas y los radicales, ni que, en consecuencia, «quede exenta de responsabilidad cualquier otra reunión que se haya mantenido con Batasuna o vaya a producirse en el futuro».
El juez instructor no sólo atiende el argumento del Foro Ermua de que los delitos que se imputan a Ibarretxe y a Zapatero son «diferentes» -el de desobediencia, pero tipificado en los artículos 556 y 410 del Código Penal, respectivamente- sino que, además, considera «discutible» que el lehendakari ostente la misma «consideración» que la Constitución otorga al presidente del Gobierno central.
Roberto Sáiz también rechaza «con toda firmeza» uno de los argumentos empleados por el jefe del Ejecutivo vasco, quien explicó que sus contactos con Batasuna no tenían otro objetivo que «conseguir construir, entre todos, un camino estable y definitivo para la consecución de la paz definitiva y la desaparición de la violencia». «Romper puentes y criminalizar el diálogo sería poco menos que facilitar la vuelta a una situación a la que nadie desea regresar», añadía la defensa de Ibarretxe en su escrito.
En respuesta, el magistrado afirma que dicha frase se nutre de «elementos argumentativos deliberadamente insinuadores de futuribles perversos y consecuencias indeseables, hipotéticamente atribuibles, en la alegación, a una resolución judicial no acorde con los intereses de dicha parte». Y añade que la aplicación de la ley no comporta, «en ningún caso», un «obstáculo a la consecución de la paz, cuando ésta se persigue a través de los cauces que la Constitución y el ordenamiento jurídico contemplan».
El instructor afirma que, de la lectura del auto del Supremo, no puede deducirse jurídicamente que este tribunal «haya legitimado» la reunión mantenida por los representantes del PSE-EE y los de Batasuna ni hipotéticos contactos futuros, porque el Alto Tribunal excluye esta cuestión de su pronunciamiento. Por último, el magistrado aclara que en Derecho Penal «las finalidades perseguidas en la comisión de actos delictivos no eximen de responsabilidad penal a quien los perpetra».
Azkárate: «Más descrédito para la Justicia»
BILBAO.- La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, señaló ayer que la decisión del TSJPV de denegar el archivo de la causa que se sigue contra Ibarretxe por reunirse con dirigentes de Batasuna supone «un paso más en la labor de descrédito de la Justicia y del buen trabajo de muchos jueces».
Según Azkárate, esta iniciativa demuestra que «la decisión que originó el encausamiento penal del 'lehendakari' y que los motivos que le llevan al juez instructor a seguir en esa línea son totalmente extrajudiciales».
