«No sería extraño que se caiga en la tentación de querer reconducir la situación hacia un discurso que detenga el Estatuto e impida su desarrollo», explicó ayer Jordi Portabella, líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, quien ejerció de portavoz tras la reunión de la Ejecutiva de Esquerra, ya que su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira, quiere mantenerse al margen de los asuntos de partido para que éstos no interfieran en su función como vicepresidente del Govern.

Portabella señaló al PP como sospechoso de ese supuesto nuevo intento de involución autonómica. Para el republicano, los populares «han destacado siempre por defender sus intereses partidistas y por obstaculizar de forma persistente la descentralización del Estado».

El miedo de ERC radica en la posibilidad de que, tras el atentado de ETA y el fin del proceso de paz, el PSOE y el PP reactiven el Pacto Antiterrorista, y en consecuencia, los populares logren imponer a los socialistas algunas de sus tesis sobre el modelo de Estado. En opinión de Portabella, «el PP ya utilizó el anterior acuerdo para tratar de frenar la descentralización del Estado».

Los republicanos creen que ahora se puede producir un cambio en la coyuntura política que dé alas al PP y sirva para que éste intente paralizar de nuevo el proceso de incremento del autogobierno catalán. Este cambio ya está recogido legalmente en el Estatuto, que fue aprobado en referéndum el pasado 18 de junio. Sin embargo, todavía no es operativo, porque para que el texto estatutario tenga plena eficacia es necesario reformar una veintena de leyes estatales y un centenar de normas autonómicas.

Por tanto, en la práctica, la reforma del Estatuto no ha concluido y para que se formalice se requerirá de mucha insistencia por parte del Gobierno catalán y de una dosis importante de buena fe por parte del central, tanto para agilizar el proceso de despliegue como para sacar el máximo partido de su contenido. ERC reconoció que no tiene pruebas de las supuestas intenciones involucionistas del PP, pero prometió que «no permitirá» interferencias ni retrasos en el calendario del despliegue estatutario.