El jefe de Gabinete de Zapatero, José Enrique Serrano, ha remitido a todos los presidentes autonómicos ocho folios divididos en estos tres apartados para que sean estudiados y, en su caso, aprobados. Los textos incluyen expresiones del tipo «pueden encontrarse ámbitos de consenso» o «la Conferencia de Presidentes es una instancia adecuada para asumir el impulso político y la fijación de grandes líneas de consenso básico y de trabajo, tanto en el aspecto interno como en el plano de la política exterior».

La propuesta de conclusiones ha irritado a las comunidades del PP, cuyos consejeros de Presidencia se reunieron ayer con la cúpula del partido para coordinar su posición. Consideran, además, que el formato sólo permite intervenciones cortas, sin debate, y exigen un reglamento de funcionamiento. La versión del Gobierno es que se cumple el compromiso de Zapatero de celebrar la Conferencia, como foro de encuentro en el que, necesariamente, las conclusiones han de ser de mínimos. De la primera no salió ningún acuerdo y en la segunda se pactó una solución al déficit sanitario.

Evita los estatutos

En el texto remitido por Zapatero, el apartado más breve es el del agua, que enfrenta a varias comunidades entre sí, independientemente de su color político. En este caso, la propuesta de La Moncloa se limita a hablar del «uso racional del agua» y de buscar fórmulas para aumentar la participación de las comunidades autónomas en su gestión. Así, dice en genérico que la Conferencia es «un foro adecuado para discutir sobre el posible incremento en las funciones de gestión en materia de agua de las comunidades».

Pero el texto no menciona siquiera las referencias que hay al agua en los estatutos recién aprobados o en trámite de aprobación, que lo sitúan entre las competencias exclusivas de las comunidades. Por ejemplo, no hay mención alguna al proyecto de Castilla-La Mancha, que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, algo que rechazan con vehemencia Murcia y la Comunidad Valenciana, incluidos los socialistas de ambas comunidades.

Sobre inmigración, se habla primero del «refuerzo de la construcción de una política europea global en materia de inmigración» y, a continuación, del «desarrollo de una política de inmigración legal y ordenada que exige que la entrada, la estancia y la salida de los inmigrantes de España se rija por el pleno respeto a las leyes».

El texto del Gobierno se refiere al control de las fronteras y a las «políticas de integración social de los inmigrantes».

El asunto más espinoso es el de la acogida de los menores inmigrantes no acompañados. En este punto, La Moncloa habla de «plantear las eventuales necesidades de reforma del marco legal, asumir expresamente y con efectividad el compromiso de solidaridad entre comunidades, con el apoyo del Estado en este ámbito y desarrollar efectivamente planes coordinados de acogida, integración, formación y, en su caso, repatriación de los menores».

Se propone dar «refuerzo institucional» al Consejo Superior de Política de la Inmigración, como instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades, así como de las diversas conferencias sectoriales al fenómeno de la inmigración o la creación de grupos de trabajo estables y de canales de información y coordinación interadministrativa».

El último apartado es el de investigación, desarrollo tecnológico e innovación como «un factor clave para el crecimiento económico a largo plazo y el bienestar de los ciudadanos». Se propone «la definición de un enfoque común y compartido en las políticas de I+D+i y la mejora de la eficacia de las actuaciones de la Administración del Estado y las administraciones autonómicas en esta materia, que exige una clara opción política que lleve a la asunción de prioridades comunes».

Para ello se proponen medidas genéricas, como «asumir la necesidad de identificar y priorizar de forma consensuada las grandes infraestructuras singulares necesarias para facilitar su desarrollo, con el apoyo financiero de todas las administraciones; impulso decidido de la participación de las empresas y de los centros de investigación españoles en el Programa Marco europeo de investigación; la posibilidad de compartir la información y dar un impulso a la relevancia de las actuaciones del Año de la Ciencia 2007».

Para evitar el caos de las otras dos y que la Familia Real tenga que esperar varias horas, la Conferencia irá precedida de un desayuno con los Reyes y luego la reunión se prolongará todo el día y la tarde.

AGUA

«La necesidad de avanzar en el uso racional del agua como recurso público de gran valor y de escasa disponibilidad en parte del territorio español».

«La asunción de la solidaridad entre las cuencas como uno de los principios rectores de la política hidrológica del Estado».

«La Conferencia puede ser el foro adecuado para decidir políticamente la necesidad de nuevos impulsos en la institucionalización de un ámbito general de discusión y colaboración entre las administraciones públicas con competencias sobre el agua para incrementar la cooperación y la coherencia en el despliegue del marco legislativo que exista en cada momento. El posible incremento en las funciones de gestión en materia de agua de las comunidades y la mejora e intensificación de las formas de participación de las CCAA en la política general del agua manteniendo en cualquier caso el principio de unidad de cuenca».

INMIGRACION

«Plantear las eventuales necesidades de reforma del marco legal sobre menores. Asumir expresamente y con efectividad el compromiso de solidaridad entre CCAA y desarrollar planes coordinados de acogida, integración, formación y, en su caso, repatriación de los menores».

INVESTIGACION

«La Conferencia es la instancia adecuada para asumir la coordinación de las políticas de las administraciones».