Ocurre todo en torno a la figura de la pequeña Mar Azucena Comín, que el 29 de noviembre fue sacada presuntamente de forma ilegal de España por su madre, la argentina Alejandra de Vincenti, en contra de la voluntad de su progenitor, el español Rafael Comín.

Hubo denuncia paterna el mismo día de su marcha, un juez vio «indicios delictivos» y prohibió en vano la salida de madre e hija cuando ya viajaban ambas en el avión, y ya va para mes y medio de sonajero mudo aquí en el hogar de Madrid.

«La menor salió legalmente de España porque, conforme a la legislación española, si un menor es titular de un pasaporte se presume la autorización de los progenitores, ya que para su emisión se requiere el consentimiento de ambos», señaló la pasada semana Aníbal Fernández, ministro de Interior del país, en un alarde de interpretación interesada. «No requieren un poder especial, como lo exige la legislación argentina», agregó.

La historia de unas y de otro ha agitado viejos fantasmas en una Argentina que se estremece cuando habla de ausentes y de menores, y ha hecho pronunciarse al propio Ejecutivo.

No es porque el delito de sustracción internacional de niños esté tipificado en el Código Penal español hasta con 10 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, sino porque el incidente humano roza -en lo referido al parentesco- a uno de los iconos éticos de la lucha contra la dictadura.

Una abuela ejemplar

La abuela de la madre denunciada se llama Azucena Villaflor, fue una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo y perdió la vida en la búsqueda de su hijo Néstor, asesinado por la carnicera dictadura de Videla. Azucena fue secuestrada por los militares el 10 de diciembre de 1977. Días después, fue arrojada al mar.

Por ser nieta de quien es, el propio Gobierno ha salido en los medios a romper una lanza en pos de la nieta de Azucena, Alejandra de Vincenti, y hasta ha recibido a la denunciada en su despacho, adonde llegó acompañada de Hebe de Bonafini, otra de las madres con historia.

¿El desenlace? Dice la legislación española que hay delito de sustracción internacional de un menor cuando «se traslada a un niño de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente». El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investiga el asunto y tendrá la última palabra.